Siguen los escándalos en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Lo que parecía un simple desorden administrativo terminó siendo la radiografía de cómo los directivos de la ADR usan los recursos públicos para asegurarse beneficios, blindar favores y hasta organizar ceremonias religiosas dentro de una entidad del Estado.
Esta columna continúa la denuncia que publicamos el pasado 27 de julio, cuando mostramos cómo el señor César Augusto Pachón Achury, desde que llegó a la presidencia de la ADR, ha convertido la entidad en una plataforma política, escenario de ferias infladas y vitrina para su esposa. Todo menos progreso para el campo. Hoy los documentos cuentan una historia aún más preocupante.
La pieza central de este nuevo capítulo es la Resolución 346 del 25 de junio de 2024, mediante la cual se aprobó la cofinanciación de un Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar) en el departamento del Tolima. Hasta ahí, nada extraño. Una iniciativa para apoyar a comunidades indígenas. O, al menos, eso decía el papel.
El proyecto aprobado tenía un valor no menor de 5.476 millones de pesos, de los cuales la ADR aportaba 4.339 millones en efectivo y la Asociación Tolimense Agropecuaria de Productores, ATAP, complementaba con 1.137 millones en bienes y servicios. En total, el programa debía beneficiar a 445 personas pertenecientes a nueve comunidades indígenas del municipio de Ataco en ese departamento.
El problema detona cuando se descubre que, dentro de los beneficiarios, aparecía una señora llamada Liseth Katerynne Rayo Sáenz, junto a su hermano John Sebastián Rayo Sáenz, y la madre de ambos, Isabel Sáenz Serrano, vinculados a la Comunidad Indígena ICO Valle de Anape. Aunque los recursos no estaban individualizados, su inclusión significaba acceso directo a los apoyos en ganadería sostenible, financiados con más de 5.400 millones de pesos del erario.
El detallito escandaloso es que la señora Liseth Katerynne Rayo Sáenz también era la funcionaria designada para dirigir la Unidad Técnica Territorial 8 (UTT 8), dependencia de la ADR en Tolima encargada de supervisar la implementación del Pidar 346. Así como se oye. En resumen: la misma persona que debía vigilar los recursos públicos era, al mismo tiempo, beneficiaria directa de ellos, junto con su madre y su hermano. Pillar 346.
Y no es que no se hubieran dado cuenta. Según la Resolución 773 de 2024, Rayo Sáenz fue nombrada directora técnica de la Agencia, Código E4, Grado 01, de la planta de personal de la ADR, ubicada en la UTT 8 con sede en Ibagué, el 4 de julio de 2024 por el presidente encargado en ese momento por César Pachón. El dicho popular dice que el Rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar, todo parece ser que excepto en Ibagué.
Tan solo dos semanas antes, figuraba como beneficiaria del millonario Pidar aprobado por la ADR, que les daba acceso a los 5.400 millones de pesos. Ese choque entre el rol institucional y el beneficio personal configuró un evidente conflicto de interés, reconocido incluso en el memorando del 15 de agosto de 2024, de la Vicepresidencia de Proyectos, que dejó constancia de la irregularidad.
La situación fue tan grotesca que el propio documento recuerda que, según la Resolución 346, la directora de la UTT 8 debía supervisar el mismo proyecto en el que tenía intereses personales. Era juez y parte: la encargada de asignar y, al mismo tiempo, de recibir.
Para intentar resolver el pequeño problemita, la señora Rayo presentó una renuncia irrevocable a su calidad de beneficiaria el 1 de julio de 2024, aceptada el 3 de julio por la asociación ejecutora del proyecto. Según fuentes cercanas, al comienzo quiso que bastara con su salida, mientras su madre y su hermano se mantenían en la lista. Pero se volvió evidente que no había más remedio que extender la renuncia a toda la familia. La sombra del conflicto, sin embargo, permaneció. Pongan atención, que se pone más complicado.
Documentos posteriores, como el acta del Comité Técnico de Gestión Local del 17 de septiembre de 2024, muestran cómo el conflicto de interés llegó hasta la mesa misma de la ADR. Esa reunión fue convocada para aprobar cambios de beneficiarios del Pidar 346 y revisar avances del proyecto. Allí, varios delegados señalaron que la directora de la UTT 8, la señora Rayo Sáenz, no podía participar en la discusión.
El motivo era obvio. Ella y miembros de su núcleo familiar habían figurado como beneficiarios del proyecto, lo que la dejaba impedida para ejercer cualquier función de supervisión ya que se creía que ahora se lo iba a entregar a prestanombres o cercanos. Ante la incomodidad, apareció en su defensa un juicioso abogado de la UTT 8 de Ibagué, contratado por la ADR, el doctor Sergio Andrés Rincón Garrido, quien intentó manejar el asunto al minimizarlo. Su argumento era un sofisma: que como Rayo y su familia habían presentado una renuncia a los beneficios, el pecado quedaba borrado y ya no existía conflicto alguno.
La mayoría de los asistentes no compartieron esa interpretación. Representantes de la Vicepresidencia de Integración Productiva y de la Vicepresidencia de Gestión Contractual insistieron en que la renuncia no borraba el hecho de que el conflicto ya se había materializado, que existían otros intereses y que, en consecuencia, la directora debía retirarse de la sesión hasta que los reemplazos quedaran formalizados, sin que ella tuviera control.
Bajo esa presión, la señora Rayo abandonó la reunión, dejando constancia de que no se trató de un gesto voluntario, sino de una decisión forzada por la desconfianza de los demás miembros del comité. Pero lo más grave es lo que vino después. En lugar de ser cuestionado por defender lo indefendible, el abogado Sergio Rincón fue premiado y pasó de jurista de la UTT 8 en Ibagué a convertirse en director de la ADR en Tolima, nombrado por Pachón el pasado 31 de marzo. Un ascenso que no parece responder al mérito profesional ni al concepto jurídico, sino a la lealtad política.
Así funciona la lógica en la ADR, en donde se protege a los cercanos a César Pachón y se garantizan ascensos y favores de acuerdo con sus lealtades. El único detalle con esto es que la transparencia deja de ser la regla, y se convierte en la extraña excepción. El código Pachón en acción.
Los documentos lo confirman, los cambios de beneficiarios del Pidar 346 no fueron un simple trámite, sino un tejido de intereses para controlar quien se quedaba con el botín de más de 5.000 milloncitos de pesos. Hubo renuncias, ingresos y movimientos que involucraron directamente a la familia Rayo Sáenz, un enredo de consanguinidades imposible de justificar en una institución que debería ser ejemplo de imparcialidad.
Pero claro, en la ADR siempre queda el recurso de invocar a la Virgen del Carmen. Si los papeles no cuadran, que los bendiga el cielo. Al fin y al cabo, como dice el Evangelio de Mateo 5:4, ‘bienaventurados los que sufren en la tierra’. O, en este caso, bienaventurados los que lloran en el campo colombiano, porque de ellos será el reino de los cielos. En esta tierra, paila.
Ahí hay algo aún más insólito. La conversión de la ADR en un espacio de prédica religiosa. Fuentes internas de la entidad compartieron pantallazos de invitaciones oficiales a reuniones de oración dentro de la entidad presidida por Pachón. Según varios testimonios, los viernes se institucionalizaron prédicas dirigidas por una pastora contratada por la Presidencia de la ADR.
No se trata de un hecho aislado. Los documentos y los relatos coinciden en que la práctica se volvió rutina, al punto de ocupar un lugar dentro de la agenda institucional. Ni siquiera en los gobiernos más conservadores se había cruzado una línea tan evidente contra el principio del Estado laico. Aquí no hablamos de libertad individual de culto, sino de rezos organizados y financiados con recursos públicos.
La pregunta obvia es cuánto cuesta este ministerio espiritual dentro de la ADR y qué contrato ampara la presencia de una pastora cristiana. Cada peso destinado a estas actividades es dinero que se desvía de proyectos productivos para el campo.
Así, lo que debía ser una agencia de apoyo a campesinos se ha convertido en escenario de conflictos de interés, favores políticos y sermones religiosos. Una institución que debería estar enfocada en ejecutar proyectos productivos se dedica, en cambio, a resolver enredos familiares, promover a funcionarios complacientes y organizar rezos institucionales.
El contraste con la misión original de la ADR es brutal. En vez de promover el desarrollo rural, se ha consolidado como un aparato al servicio de intereses particulares y de una lógica política que premia la obediencia por encima de la ética. Y ahora han querido premiar a Pachón con el Ministerio de Agricultura. Preocupante.
En especial porque el campo colombiano sigue esperando políticas serias. Mientras tanto, la administración del señor César Pachón ofrece tres cosas: conflictos de interés entre sus funcionarios, favores con los recursos del campo para sus cercanos y sermones religiosos para sus contratistas. Todo, menos aquello para lo que fue nombrado: el desarrollo rural.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com.
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