El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, no gobierna: resiste. Su administración es menos un proyecto de ciudad que una operación jurídica de supervivencia. Desde que tomó posesión, su mayor empeño no ha sido ejecutar el plan de desarrollo, sino evitar que la ley lo saque de la Alcaldía.
Y hasta ahora lo ha logrado a punta de recusaciones en serie, maniobras procesales y aplazamientos estratégicos. Lo que ocurre en Tunja es una lección de cómo se puede burlar el sistema sin romperlo, usando las reglas para vaciar de sentido a la democracia. Es otra demostración de que, en Colombia, quien domina el manual de maniobras jurídicas puede convertir la justicia en un juego de resistencia.
Tunja, que hace menos de dos años abrazó con fervor la imagen de un profesor de origen ruso que prometía cambio y transparencia, hoy observa con desconcierto cómo su alcalde se ha convertido en el protagonista de una novela de corrupción, enredos judiciales y disciplinarios. Crimen sin Castigo.
El caso tiene fecha de inicio: el 12 de noviembre de 2023 publicamos una columna en este espacio titulada ‘El alcalde ruso está inhabilitado’. En esa investigación denunciamos, con pruebas documentales, que el ‘profe’, como le gusta que le digan a Krasnov, había sido contratista del municipio un año antes de ser elegido alcalde, el 29 de octubre de 2023.
Los contratos que lo dejaron inhabilitado fueron dos. El primero, el 1953, firmado el 28 de octubre de 2022, para dictar cursos de alemán y ruso en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, sede Tunja. El segundo, el 2302, del 6 de diciembre de ese mismo año, para revisar artículos científicos. Quién diría que estas minucias académicas serían la piedra en el zapato de su carrera política.
Tras la publicación de esa columna, vinieron las demandas. La primera fue radicada el 14 de noviembre de 2023 por el abogado Juan Sebastián Ramírez García y la segunda, el 6 de diciembre por un grupo denominado Asesorías y Representación Jurídica. Ambas alegaban que los contratos de la UPTC configuraban inhabilidad.
El 12 de diciembre de 2023, el caso presentado por Asesorías y Representación Jurídica, fue asignado como ponente al magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, también integrante del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. Ahora vamos para eso.
A pesar de esas advertencias, el 1° de enero de 2024 Krasnov se posesionó. El 1° de febrero de ese año, el señor Juan Sebastián Ramírez García, demandante original, solicitó el retiro de su demanda, algo prohibido una vez notificados los sujetos procesales. Tres días después fue contratado por la Alcaldía, con un contrato de más de 54 millones de pesos en Ecovivienda, una entidad municipal. La Fiscalía ya le imputó cargos por interés indebido en la celebración de contratos. Krasnovedades penales.
El 18 de abril de 2024 se dio la apertura de investigación en contra del alcalde de Tunja, por parte de la Procuraduría General de la Nación, tras confirmar que el mandatario incurrió en esa grave irregularidad al asumir el cargo, a pesar de estar legalmente inhabilitado para ello por sus contratos con la UPTC.
En el documento de la Procuraduría aparece un detalle que, en ese momento, parecía pequeño, pero después ha generado graves consecuencias y es que el apoderado del investigado era el abogado Juan Javier García Carrizosa. Ahí vienen los elementos descubiertos por el equipo de esta columna en Boyacá que, como diría mi profesor de derecho penal, prueban que el alcalde de Tunja empezó a cometer delitos para tapar sus pecados.
García Carrizosa, además de representarlo en el proceso disciplinario, firmó un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de Tunja en fechas casi simultáneas, con otro objeto simulado. Sí, el abogado del alcalde siendo pagado con contratos y recursos de los tunjanos. Hizo su Agostoievski.
Volvamos al Tribunal ya que, aunque Krasnov logró quitar una de las demandas en su contra repartiéndole contratos al demandante, la segunda demanda seguía viva. Esta fue asignada al magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, quien no solo se encargó de inadmitirla y rechazarla varias veces, sino que, en medio de ese proceso, el 7 de febrero de 2024, la Alcaldía contrató por 20 millones de pesos a Diana Alejandra Ibáñez Rodríguez, madre de una hija extramatrimonial del mismo magistrado. Arciniegas, en un acto de malabarismo ético, alegó que no había causal de impedimento porque no era su esposa ni compañera permanente.
Que el magistrado que debía decidir sobre la nulidad de la elección tuviera un vínculo económico indirecto con la Alcaldía no es un detalle menor: es el corazón del conflicto de intereses. La justicia en este caso no solo no fue ciega, sino que abrió un ojo para mirar a quién favorecía.
Por esta repartidera de contratos, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia compulsó copias a la Fiscalía y a la Comisión de Disciplina Judicial para que investiguen. Ya no se trataba solo de irregularidades administrativas, sino de un posible tráfico de influencias.
El 20 de enero de 2025, el procurador 46 Administrativo de Tunja pidió la nulidad de la elección de Krasnov, sustentada en la doble nacionalidad del alcalde y en los contratos con la UPTC. Y el 5 de marzo de 2025 llegó el primer gran golpe: el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de su elección y ordenó cancelar su credencial.
El 9 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado expidió un auto en el que devolvió el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá, ordenándole resolver un recurso de apelación presentado por la defensa de Krasnov el 20 de marzo de ese año y que aún no había sido tramitado. Esta devolución dilató aún más el proceso y le dio aire al alcalde para seguir en el cargo mientras se resolvía la apelación.
Krasnov ha respondido con una ofensiva legal que incluye al menos siete recursos entre nulidades, tutelas y recusaciones contra magistrados de la Sección Quinta y la Sección Tercera del Consejo de Estado. Cada escrito es una patada al reloj judicial y cada día que gana es un día más en el cargo.
Por su parte, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años el pasado 25 de agosto, pero la sanción está en revisión hasta que el Consejo de Estado decida de fondo la nulidad electoral.
Cuatro días después, el 29 de agosto, la Sección Primera del Consejo de Estado rechazó de plano el recurso de reposición y la solicitud de nulidad que el propio Krasnov había presentado contra el auto del 31 de julio que resolvió la recusación de los magistrados de la Sección Quinta. La providencia fue categórica al señalar que sus argumentos no configuraban causal de nulidad y que se trataba de un intento más por dilatar el proceso, advirtiendo incluso que estas actuaciones pueden ser sancionadas con multas por temerarias.
Por su parte, la Fiscalía lo ha citado tres veces a audiencia de imputación de cargos por interés indebido en contratos y amenazas a testigos. En la primera el alcalde pidió traductor ruso; en la segunda, se presentó sin abogado: y en la tercera, aportó incapacidad médica de la Clínica Universidad de La Sabana, justo un día después de haber sido visto paseando por la Plaza de Bolívar, en Tunja, acompañado de periodistas rusos. La audiencia fue reprogramada para el 24 de septiembre. Allí también deberán comparecer Luz Mila Acevedo Galán, directora de Contratación, y Sara Catalina Pedraza Canaría, exgestora social de la ciudad, porque también estuvieron involucradas en la repartición de contratos para salvar al alcalde.
Todo esto alimenta la percepción de que la estrategia de Krasnov es ganar tiempo, no demostrar inocencia. Mientras tanto, el patrimonio del alcalde ha dado un salto olímpico. De no tener para pagar la luz en 2022 pasó, en marzo de 2025, a comprar un apartamento en la calle 85 de Bogotá por 585 millones de pesos, además de vehículos. Incluso financiando la mitad con crédito, las cuentas no cuadran.
Cada aplazamiento es un mes más en el poder, y cada recusación, una pausa en el calendario judicial. En la práctica, el voto de los tunjanos fue apenas el primer paso. La verdadera elección se está jugando en estrados y clínicas. Tunja merece algo mejor que un gobierno convertido en operación de supervivencia. Si la justicia no decide a tiempo, la democracia se convierte en una farsa procesal en la que gana el que más sabe dilatar. Así no se gobierna, así se burla a toda una ciudad.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com.
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