*Actualmente estoy trabajando en un proyecto de podcast con la JEP que se titula: ‘Por fin lo sabemos’. Se trata de explicar lo que ocurre en la justicia transicional.
Hace varios años, en el 2017, estuve en el municipio de La Montañita, en el departamento del Caquetá. En esa zona rural de una belleza que quita la respiración, una brigada de Desminado Humanitario llevaba varias semanas trabajando para recuperar terrenos sembrados de minas por las Farc y que cobraron la vida de vecinos, animales y militares. Esos soldados profesionales, desarmados y protegidos solo con sus trajes especiales, avanzaban metro a metro limpiando los campos en medio de una temperatura infernal. La zona solía ser un antiguo enclave de la guerrilla de las Farc. En ese entonces no solo era posible recuperar las zonas sembradas con minas para la comunidad, sino que esos militares tenían la certeza absoluta de que no se encontrarían con la muerte a causa de una emboscada.
La labor de estos hombres, como el teniente que comandaba la brigada y regresaba cada noche a casa con su familia, simbolizaba la transformación de regiones marcadas por el miedo en territorios de esperanza. Menciono esto para señalar que, ocho años después, las cosas en muchos territorios han cambiado. Esta semana que pasó, como saben los lectores, se conocieron las dos primeras condenas de la JEP. La primera fue la de las Farc por más de 21.000 secuestros. La segunda, dos días después, contra varios militares por las ejecuciones extrajudiciales del Batallón La Popa, en Valledupar. La sensación general fue de indignación, tristeza y sentimiento de injusticia. Lo puedo entender. Las sanciones que impuso la JEP, siguiendo los lineamientos de los acuerdos de La Habana, fueron de ocho años de trabajos restaurativos y una restricción a la libertad. Esas restricciones fueron más claras para los militares, limitándolos a Valledupar, donde cometieron la mayoría de sus crímenes. En cambio, en el caso de las Farc fue más ambigua, porque sus sanciones se cumplirán en distintos lugares del país y su movilidad no quedó restringida, por ahora, a un solo sitio.
Fue curiosa, sin embargo, la indignación por la condena a las Farc y el silencio generalizado por la condena, que fue igual, a los militares. A diferencia de lo que muchos argumentan para indignarse, mi posición sobre esto es la siguiente: no se trata de que, como dicen, se equiparara a los militares con los guerrilleros. El acuerdo, sí, contempla penas iguales para todas las partes del conflicto, pero además hay un elemento que para mí es fundamental: a los militares que cometieron crímenes atroces hay que exigirles, desde el punto de vista moral, mucho más que a quienes, como delincuentes, hicieron lo mismo. Los bandidos siempre se comportarán como lo que son, pero los hombres que juraron defender la Constitución y terminaron usando las armas legítimas del Estado en contra de la gente, deben tener sanciones tanto o más severas que los bandidos. La indignación con estas condenas, que además no debería generar sorpresa alguna porque nunca se prometió nada distinto, me parece que tiene más que ver con lo que conté arriba.
El Acuerdo de Paz de La Habana fue la oportunidad de recuperar muchos territorios que por años fueron campos exclusivos de la guerrilla. En los meses posteriores a la firma del acuerdo, la insoportable lentitud del Estado y la campaña política de las elecciones de 2018, con la promesa de hacer trizas la JEP y modificar los acuerdos de paz, además de decisiones equivocadas del Gobierno de Juan Manuel Santos, como incentivar (sin que fuese la intención) los cultivos de coca, han terminado por generar una sensación entre la gente de que los acuerdos de paz no solo no trajeron la paz, sino que las condenas a los máximos responsables no fueron suficientes para hacer justicia. Muchos territorios del país han vuelto a dinámicas de violencia que parecen reflejar un regreso a un pasado que no hemos podido superar, pero esto no es culpa de los acuerdos, ni de la JEP, ni de la Comisión de la Verdad. Medir, y juzgar, la justicia suficiente para moderar el dolor de un secuestro, de un homicidio, una violación sexual o una desaparición forzada es imposible. Cada víctima, que debía estar en el centro de los allcuerdos de La Habana, tiene su propio dolor, su propia pena y su propio proceso de perdón. Hay victimas que, más allá de la pena de cárcel, querían que los militares reconocieran su responsabilidad, dijeran que su familiar no era un guerrillero, un criminal y que podían estar, sí, sembrando café.
Otras víctimas de secuestro querían enfrentar en un tribunal a sus secuestradores. Decirles lo que sintieron, el daño que les causaron y gritarles a la cara que la tal revolución terminó en una interminable lista de atrocidades: crímenes de guerra, de lesa humanidad, torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual, desplazamiento forzado, actos inhumanos y esclavitud. Nunca más el cinismo del mafioso de Santrich, riendo mientras decía “quizás, quizás, quizás”, volverá a aceptarse como parte de la verdad judicial y la narrativa histórica de Colombia. Los comandantes de las Farc, así no paguen un solo día de cárcel, serán siempre responsables de los peores delitos que se pueden cometer. Todo esto, que no es poco, se ha logrado en este proceso de justicia transicional, así como historias bellísimas de reconciliación entre víctimas y victimarios.
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