Es tan crítico el panorama actual de inseguridad en Colombia, y parece estar agobiando tanto a Gustavo Petro, que, en términos del combate al narcotráfico, el presidente terminó abrazando la vieja postura de sus adversarios políticos de derecha: la aspersión aérea de cultivos ilícitos.
A primera vista, el anuncio del mandatario sobre el regreso de la “fumigación aérea” en aquellos lugares en los que “la ciudadanía ataque al Ejército” —según dijo en X el pasado 8 de septiembre— lució como una reacción desesperada ante el segundo hecho de violencia contra militares, en menos de tres días, de parte de pobladores de zonas en las que se están llevando a cabo operaciones contra el narcotráfico. Ellos actuarían presionados por las organizaciones criminales que intentan frenar a la fuerza pública.
El 7 de septiembre, habitantes de una zona rural de El Tambo (Cauca) retuvieron a 45 militares —los liberaron un día después—, y el 4 de septiembre, pobladores de Villagarzón (Putumayo) habían rociado con gasolina a tres integrantes del Ejército y les habían prendido fuego. Uno de ellos sufrió quemaduras en el 75 por ciento del cuerpo.
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