¿Tomando ventaja? Procuradora regional, señalada por posible conflicto en la elección del contralor de Cundinamarca

Parece que la procuradora regional de Instrucción de Cundinamarca, María Claudia González Caycedo, es una funcionaria acuciosa y competente: ha seguido con lupa cada paso de la elección del contralor de Cundinamarca, ha pedido explicaciones con rigor y hasta ha ordenado incorporaciones procesales con puntualidad ejemplar. Un celo digno de manual, dirían algunos. Sin embargo, dicho interés no tendría nada de malo si ella no fuera una de las aspirantes al cargo.

Esta es la historia: el 14 de julio de 2025, la procuradora González firmó una providencia dentro de un expediente disciplinario.

La providencia ordena unir un expediente nuevo a uno anterior para que todo se tramite en la misma cuerda. ¿Para qué? Para seguir, desde la Procuraduría Regional, las actuaciones ligadas a la elección del contralor que adelanta la Asamblea de Cundinamarca. Eso quedó firmado por la propia procuradora María Claudia González Caycedo y notificado por edicto en la web oficial.

En paralelo, desde su despacho han solicitado explicaciones a la Asamblea y a la universidad que ejecuta el concurso sobre cómo va el proceso. Los oficios los firma una subalterna, pero salen de la misma oficina: la Procuraduría Regional que supervisa a la corporación que elige al contralor, al punto de que así que fue citada a la prueba de conocimientos programada para el 16 de septiembre de 2025, según la carta enviada el 9 de septiembre de 2025, para el cargo de contralor departamental.

Estas actuaciones generan cuestionamientos, ya que la funcionaria, en virtud de su cargo, podría acceder a información clave del proceso, al tiempo que participa en el proceso de elección.

Es decir, la misma funcionaria que desde la Procuraduría impulsa y pide explicaciones sobre cómo avanza la elección aparece inscrita como aspirante. La prueba es que su nombre figura en la lista oficial de quienes fueron citados a la prueba de conocimientos para el cargo de contralor departamental.

Una subalterna suya, la abogada sustanciadora María Eugenia Rico, que trabaja en su despacho y es quien ha firmado los oficios con los que la Procuraduría Regional, pide información a la Asamblea y a la universidad sobre la elección. Todo queda en casa: esas solicitudes salen del equipo de la Procuradoría.

La Directiva 010 del 3 de julio de 2025, emitida por el procurador general de la Nación, establece de manera expresa que los procesos de elección de contralores deben observar los principios de transparencia, imparcialidad y publicidad, e insiste en evitar “cualquier tipo de injerencia por parte de servidores públicos ajenos al proceso en beneficio de aspirantes”.

El caso cobra mayor trascendencia si se considera que la Procuraduría, como órgano de control disciplinario, tiene la misión de garantizar la legalidad y la equidad en la elección de los contralores territoriales.

P.S.: El IDU compró sin asegurarse de quién era el dueño

Esta columna ya les había contado que en medio de la construcción de la carrera 89C en Kennedy, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pagó 2.300 millones de pesos a una persona que no era propietaria legal del predio. La operación, ocurrida durante la vigencia 2023, no incluyó verificación completa de los títulos. Meses después del desembolso, la persona que recibió el dinero murió, y el verdadero dueño sigue reclamando el pago. La Contraloría de Bogotá declaró un hallazgo fiscal y abrió un proceso de responsabilidad por la misma suma.

Pero el caso no es aislado. Según documentos conocidos por esta columna, el IDU habría repetido el mismo patrón de compras irregulares en decenas de predios. Por instrucción del contralor distrital, Julián Ruiz, ya está en curso una actuación especial de fiscalización sobre al menos 60 adquisiciones prediales en los últimos cuatro años, por las que el Distrito pagó cerca de 300.000 millones e pesos. En muchos de estos casos hay reclamos activos de propietarios legítimos ante la Fiscalía y juzgados administrativos.

A eso se suma otra investigación paralela por presunta gestión antieconómica en la adquisición de predios entre 2020 y 2023. La Contraloría documentó pagos por 121.761 millones a personas que no habían acreditado debidamente su titularidad sobre 103 predios. Además, el retraso en la entrega de los inmuebles necesarios para las obras generó costos adicionales por 29.726 millones en interventorías y mayores permanencias en obra. El detrimento total supera los 151.000 millones.

Uno de los predios bajo lupa está localizado en el suroccidente de Bogotá, y fue adquirido por el IDU para la Troncal de la Avenida Ciudad de Cali. La dirección registrada: KR 86B #53-98 Sur, coincide con las coordenadas de un lote en disputa.

La gravedad del asunto no solo radica en la pérdida de recursos públicos, sino en las consecuencias operativas. El uso de un puente peatonal en la autopista Norte, por ejemplo, estuvo en riesgo de ser suspendido por un lío de titularidad. El IDU ordenó la expropiación del terreno en donde fue construído, pero pagó a quienes no eran sus propietarios, y durante días estuvo sobre la mesa el cierre de dicho puente. Aunque los dueños desistieron por ahora de bloquear el paso, el litigio sigue abierto, y las demandas que se avecinan muy probablemente terminarán pagándose con los impuestos de todos los bogotanos.