El Gobierno nacional habría utilizado recursos asociados a una empresa de energía intervenida por el Estado para financiar y coordinar la movilización de una marcha política promovida por el presidente Gustavo Petro.
Documentos internos, listados de personas a movilizar, contratos de transporte con saldos disponibles y registros de coordinación directiva, muestran que buses pagados con recursos de la empresa intervenida habrían sido utilizados para trasladar asistentes a una manifestación política oficial. Fuentes con acceso directo a esa documentación y a la operación logística de la compañía señalan que no se trató de un error administrativo, sino de un presunto desvío de recursos públicos para fines políticos.
Vamos al contexto. En septiembre de 2024, el Gobierno nacional intervino la empresa de energía Air-e, con el argumento de proteger a los usuarios, garantizar la continuidad del servicio eléctrico y corregir una crisis financiera y operativa en la costa Caribe. Quince meses después, el resultado parece ser peor. Un deterioro acelerado en los tres frentes y un hueco financiero que hoy supera los 2,5 billones de pesos en deudas. Tremendo des-Air-e.
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