El salario mínimo vital sin manual de instrucciones

El presidente Petro decretó un incremento del salario mínimo (salario base) para 2026 del 23 por ciento, que lo deja en 1.750.905 pesos sin auxilio de transporte y en 2.000.000 pesos al incluirlo —cuando aplique—. Lo presentó como la materialización de un “salario vital digno”. Es un aumento anual excepcional para la realidad macroeconómica del país, superior incluso al 16 por ciento que pedían las centrales obreras. Nadie discute el propósito: que los trabajadores vivan mejor. El problema es el método. Cuando un gobierno invoca a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para legitimar una decisión —como efectivamente ocurrió— lo mínimo que se espera es coherencia: invocar el estudio y aplicar también el “manual de instrucciones” que lo acompaña.

La OIT ha sido explícita: las estimaciones de salario vital deben servir de fundamento a un diálogo social basado en evidencia. Ese marco insiste, entre otros principios, en (i) consulta real con organizaciones representativas de empleadores y trabajadores “en todo su desarrollo”, (ii) transparencia técnica —fuentes, procesamiento y reproducibilidad— y (iii) consideración del contexto regional o local. El Gobierno, sin embargo, tomó lo que le convenía del discurso (“salario vital”) y omitió lo que incomoda: la arquitectura de participación, evidencia y territorialidad que vuelve viable el concepto.

La consecuencia inmediata de imponer una cifra de esta magnitud sin adhesión ni convencimiento nacional es que el país entra en un gran experimento social, observado con interés dentro y fuera de Colombia. No por lo “noble” del objetivo, sino por lo riesgoso del procedimiento. Fijar el salario mínimo no es un acto retórico: es una política que opera sobre la economía real y debe moverse con ella, no contra ella. Y la economía no se somete a grandes ajustes de la noche a la mañana, ni con un decreto y una alocución presidencial: requiere gradualidad, señales predecibles y un plan de transición por sectores, regiones y tamaños de empresa. Cuando una decisión así se adopta de forma sorpresiva —y además se caricaturiza de antemano la crítica— el costo del ajuste no desaparece: se traslada a otros canales de la economía, con efectos inevitables y, a menudo, no previstos.