Petro no cuidó el bolsillo de la nación

En el mundo de las finanzas globales, existen clubes a los que nadie quiere pertenecer. Al iniciar este 2026, Colombia acaba de entrar en uno de los más exclusivos y peligrosos: el de los países que más caro pagan por su deuda. Según un análisis del equipo de Investigaciones Económicas del Banco Popular, al mirar los bonos soberanos a 10 años denominados en dólares, Colombia es el tercer país emergente que más caro se financia, con una tasa cercana al 6,8 por ciento superada únicamente por Ucrania —una nación en guerra— y Argentina —un país que está superando una crisis económica crónica—. Este es el resultado de una gestión fiscal que decidió ignorar las alarmas de la cordura económica para sostener un gasto sin freno.

Para entender la magnitud del problema, imaginemos las finanzas de un hogar colombiano promedio. Imagine que su familia gana 100 pesos, pero gasta 120 cada mes. Para cubrir ese hueco de 20 pesos (lo que los economistas llaman déficit fiscal), usted recurre a tarjetas de crédito. Al principio, el banco le presta con facilidad, pero cuando ve que su deuda total ha pasado de ser manejable a ser una montaña impagable, le sube los intereses. Usted termina trabajando ya no para comprar comida o arreglar la casa, sino simplemente para pagar los intereses de lo que ya se gastó. Esa es, exactamente, la situación de Colombia hoy.

Hay que decirlo con claridad: la situación de asfixia fiscal que vive el país tiene nombre y apellido. El presidente Gustavo Petro es el único responsable de haber convertido una economía que buscaba la estabilidad en un hogar que gasta lo que no tiene y que ha decidido, en el último tramo de su gobierno, "descararse" financieramente. La evidencia más reciente es el aumento del 23 por ciento en el salario mínimo para este año; una decisión desbordada y populista que, si bien suena atractiva en los discursos, ha terminado por descuadernar las finanzas del Estado al aumentar aún más un déficit fiscal que ya era insostenible -por encima del 7 por ciento del PIB- y, de paso, generar presión inflacionaria y destrucción de empleo formal.