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Rodrigo Botero

Seguridad nacional y climática, política de fronteras, bioeconomía: reto a candidatos

La disputa entre Estados Unidos y China empieza a subir de temperatura en el continente y el golpe dado en Venezuela es solo un primer paso. La velocidad con que se vienen dando los acontecimientos luego del cambio de presidente en Venezuela, indican que el interés por el control económico y político de los yacimientos de petróleo y minerales estratégicos en el continente va a traspasar los límites de nuestra imaginación.

Este interés tiene como trasfondo la disputa por el control del sistema financiero internacional (de allí que China y Rusia sean hoy los principales productores de oro mundial, y los árabes, indios y neoyorkinos grandes compradores), que está tambaleando con la decisión de los BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Suráfrica) para generar un sistema de intercambio comercial con monedas diferentes al dólar – incluyendo las de cada país–, fortalecer las reservas nacionales en este commodity y con el oro como mecanismo de transacción que pretende impedir que las estrategias políticas para desarrollar bloqueos y sanciones comerciales sean efectivas.

Así mismo, Venezuela tiene un enorme potencial minero especialmente para transición energética y comunicaciones, como son los yacimientos de cobre, coltán y oro, que hoy tienen una presencia significativa de grupos armados colombianos, brasileros y nacionales. Una situación similar, en términos de potencial minero y presencia de grupos armados que se financian con su explotación y tráfico, se presenta en Colombia. A diferencia del resto de países del Pacífico continental, estos yacimientos en Colombia aún no han sido otorgados en su gran mayoría –algunos de ellos en zonas de especial importancia ambiental–, a pesar del interés internacional demostrado (caso coltán o cobre), o el desarrollo de una enorme minería ilegal de oro que financia la mayoría de los grupos armados que operan en el país, y la participación de comunidades vulnerables en este negocio con pequeños márgenes de utilidad y un enorme impacto ambiental y pasivo social. Esta degradación de ecosistemas, contaminación de poblaciones con mercurio y altos índices de violencia y pérdida de gobernabilidad, se observan en la totalidad de las fronteras amazónicas colombianas y la dinámica se ha expandido en países vecinos como Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Es una asignatura pendiente incluir a los países garantes y de apoyo a los proceso de paz en una estrategia que incluya la reducción de los factores de violencia que están relacionados con su corresponsabilidad política y comercial.

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