Hay escenas que, en cualquier democracia mínimamente ordenada, detonarían una crisis política inmediata y profunda. Por ejemplo, un ministro acusando a otro —o a un sector entero del mismo gobierno— de espionaje ilegal. En Colombia ocurrió. Y no pasó nada.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció públicamente que su teléfono había sido intervenido con un software espía mientras adelantaba investigaciones sensibles sobre presuntos hechos de corrupción al interior del Ejército. Ojo: Idárraga no habló de un ataque externo ni de una operación criminal ajena al Estado. Señaló, sin dudarlo ni un instante, a estructuras de inteligencia del propio aparato público, específicamente al Ministerio de Defensa, cuya cabeza, Pedro Sánchez, se sienta junto a él cada semana en el consejo de ministros. La acusación es gravísima: un ministro sosteniendo que otro sector del mismo gobierno lo estaba espiando ilegalmente para conocer el avance de investigaciones internas.
La respuesta del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue un NO categórico. Negó el uso de ese software y aseguró que cualquier actividad de inteligencia se rige por la ley y que su colega manejaba “información falsa”. Hasta ahí, podría tratarse de otro conflicto institucional indeseable y comprometedor que debería resolverse de tajo, con urgencia y autoridad política. Pero el contexto vuelve la escena aún más extraña. La respuesta del ministro de Defensa se dio desde Washington, mientras una delegación oficial trabajaba en la preparación de la visita del presidente a Estados Unidos, intentando reconstruir credibilidad, ofrecer garantías institucionales y transmitir confianza a los sectores políticos y de gobierno de ese país. Entonces, en medio de ese esfuerzo diplomático para mostrar seriedad y generar credibilidad, un ministro —el de Justicia— acusaba a sus propios colegas —de Defensa— de espionaje ilegal. Y la cabeza del Gobierno siguió adelante, mirando para otro lado, como si se tratara de una polémica de influencers en redes sociales.
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