Preguntas para el presidente Petro

En la mañana del martes 23 de julio de 2024 se desplazaba una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por una carretera del nordeste del departamento de Antioquia. La caravana de vehículos de alta gama y con blindaje venía desde el departamento de Norte de Santander y llevaba a un grupo de delincuentes del Estado Mayor Central (EMC), e incluía a Alexander Díaz, mejor conocido con el alias de Calarcá Córdoba, el máximo comandante de esa estructura criminal. Unas horas antes, una fuente reservada del Ejército advertía que ese desplazamiento ocurriría y que en la caravana se movilizarían integrantes de ese grupo armado ilegal. Luego de la comunicación recibida por parte del informante, comenzó el procedimiento judicial. El Ejército contactó a una fiscal de Medellín y al Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad Pública y el Terrorismo de la DIJIN, de la Policía, y, entre ellos, decidieron ubicar un retén en la vía para esperar el paso de la caravana de ‘Calarcá’. 

El resultado de la operación fue contundente: 18 integrantes del EMC que se movilizaban en siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Algunos de los bandidos fueron capturados en flagrancia por porte ilegal de armas y se incautaron dos pistolas, munición, computadores, celulares, GPS y 100 millones de pesos en efectivo. Uno de los detenidos tenía orden de captura suspendida en trámite y había, además, un menor de edad en la caravana. En un primer momento fueron detenidos siete disidentes, entre ellos alias Firú, quien tenía orden de captura vigente. Posteriormente, tres de ellos quedaron en libertad al estar amparados por suspensiones de captura derivadas del proceso de negociación del Gobierno con el EMC. Estos hechos, que son públicos, generaron una tensión entre la Fiscalía, los jueces y el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El episodio puso en evidencia, además, uno de los mayores problemas de la Paz Total del Gobierno: el desplazamiento permanente de bandidos fuera de procesos de paz, que tienen órdenes de captura vigentes, en camionetas del Estado, pagadas con dineros públicos y protegidos por funcionarios de la UNP.

Detrás de esta operación en contra de ‘Calarcá’ hay dos nombres muy importantes: el del entonces coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza y el del entonces mayor Óscar Miguel Moreno Arroyave. Urrego era el director de la DIJIN y Moreno era el jefe del Grupo Investigativo Delitos contra la Seguridad Pública y el Terrorismo, también en la DIJIN. Fueron ellos dos quienes lideraron el operativo contra la caravana de ‘Calarcá’. Esos dos hombres, un año y medio después, se han visto enredados en una historia absurda que involucra un supuesto plan para entrampar al presidente Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti. El general Urrego y el coronel Moreno fueron acusados, sin prueba alguna, de querer introducir un alijo de cocaína en la caravana que llevaría al presidente a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Esta semana que pasó, a Urrego lo sacaron de la Policía, acabando una carrera de más de 25 años, y el coronel Moreno está a punto de correr la misma suerte.