A nadie le sorprende que el Consejo Nacional Electoral esté politizado. En el Congreso reparten sus sillas a cuotas partidistas para garantizar que allí se tomen decisiones que favorezcan sus intereses. Esta semana, el CNE volvió a estar en el ojo del huracán tras inhabilitar a Iván Cepeda para participar en la consulta de la izquierda y revocar varias listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.
Aunque ambas decisiones están sustentadas en leyes electorales, el origen de sus integrantes genera un manto de duda sobre la imparcialidad de los fallos. El argumento para que Cepeda no pueda participar en la consulta del próximo 8 de marzo se resume en que ya participó en una —de carácter interpartidista— en octubre. De hecho, esa fue una duda jurídica que surgió en su momento. Sin embargo, el conjuez que termina definiendo esta situación es cercano al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, lo que compromete la legitimidad del proceso.
El presidente Gustavo Petro y las cabezas más visibles del progresismo reaccionaron asegurando que la autoridad electoral pretende darle un “golpe a la democracia” vulnerando los derechos a elegir y ser elegido. Iván Cepeda anunció que, si gana la Presidencia, impulsará una ley para eliminar el CNE. Lo paradójico es que este Gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de hacerlo y no lo hizo. ¿Por qué? Es fácil adivinar la respuesta: primaron los cálculos políticos.
La reforma que planteaba este cambio proponía que los magistrados del Consejo Nacional Electoral no fueran elegidos por el Congreso, sino por las tres altas cortes a partir de una lista de méritos. El Gobierno devolvió la ponencia y dejó intacto el actual mecanismo de elección. El entonces ministro del interior, Alfonso Prada, no tuvo argumentos para justificar tal actuación.
Es evidente que a quienes más les interesa que nada cambie allí es a los mismos políticos. El CNE no solo tiene la última palabra en estos procesos; también incide en las revocatorias de mandatarios regionales, otorga la personería jurídica a partidos y movimientos y es la instancia final del escrutinio tras cada proceso electoral en el país. Además, asume investigaciones de financiación de campañas, corrupción electoral o compra de votos. Generalmente, esos casos terminan siendo un saludo a la bandera.
Por eso resulta muy conveniente tener amigos dentro. La estrategia más efectiva consiste en acudir a algunos quemados en las elecciones legislativas o a excongresistas, sin importar si estas personas tienen cuestionamientos. Al fin y al cabo, ese es el pan de cada día en la política colombiana.
Mientras los políticos sigan al frente de estas decisiones, no habrá imparcialidad, investigación ni sanción. Lo sensato sería que el gobierno de turno y los legisladores dejaran de lado sus ambiciones personales y transformaran de verdad la naturaleza del CNE; de no ser así, lo más honesto sería que desapareciera y dejara de funcionar como un tribunal de bolsillo.
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