Más de cien mil millones de pesos fueron entregados por el Gobierno en dos convenios casi idénticos con 18 meses de diferencia. Mismo objeto, mismo discurso institucional, misma promesa de “gestión socioambiental” en nombre de la justa transición energética. Y, sin embargo, cuando se empieza a mirar con lupa, el dinero no se invierte, se concentra. Se acerca. Se repite. Termina orbitando en el mismo núcleo territorial.
Vamos a la historia. En 2024, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribió el convenio 454 por más de 52.000 millones de pesos con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral, una entidad descentralizada conocida como Aldesarrollo. En 2025, la misma ANH firmó el convenio 551 con otra entidad descentralizada llamada Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social, Fonpacífico, por más de 54.000 millones. El objeto contractual es prácticamente calcado. “Articulación social, fortalecimiento comunitario, prevención de conflictos en territorios donde operan contratos de exploración y producción”.
La narrativa es impecable. Trabajo social, diálogo, derechos fundamentales, calidad de vida, transición energética y fortalecimiento comunitario. Todo suena bien. El problema no está en el discurso, sino en la ejecución. Y, sobre todo, en el mecanismo que permitió adjudicar esos convenios: la famosa contrapartida.
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