La compra de votos en Colombia dejó de ser una sospecha. Es un secreto a voces. Todos hablan de ella, muchas comunidades la padecen, pero son pocos los casos que se investigan a fondo y menos aún los que terminan en sanción.
Las cifras lo confirman. En la Fiscalía General de la Nación existen hoy 4.180 noticias criminales por corrupción al sufragante. De ellas, 69,6 % están inactivas. Y de las 1.269 activas, solo en 153 casos —apenas 3,6 % del total— se ha logrado avanzar en la vinculación de presuntos responsables de pagar, entregar dinero u ofrecer beneficios para asegurar votos por un candidato o partido.
Ese dato debería escandalizar al país. No solo por la baja capacidad de esclarecimiento, sino porque transmite un mensaje de impunidad frente a una conducta que afecta de manera directa la libertad del elector y la legitimidad del sistema democrático.
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