Las curules de paz son 16 escaños creados para dar representación en la Cámara de Representantes a comunidades especialmente afectadas por el conflicto armado, el abandono estatal y la débil presencia institucional. Su origen está en el punto 2.3.6 del Acuerdo Final de Paz y su creación jurídica quedó formalizada en el Acto Legislativo 02 de 2021, que las estableció para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. Su finalidad fue abrir un espacio de participación política para víctimas, organizaciones sociales y comunidades de zonas donde la violencia limitó durante años el ejercicio democrático. La Corte Constitucional ha señalado que estas circunscripciones son una medida de representación, reparación integral y garantía de no repetición. Por eso, su legitimidad no depende solo de un escrutinio formalmente válido. También depende de que la elección se haya desarrollado en condiciones reales de libertad. Si en una curul de paz aparecen denuncias de intimidación, restricciones territoriales, obstáculos para los testigos electorales o miedo entre los votantes, lo que se afecta no es solo un resultado electoral. Se afecta el propósito mismo para el cual esas curules fueron creadas.
El Catatumbo es una subregión fronteriza en Norte de Santander, marcada por una alta ruralidad y por su ubicación estratégica sobre la frontera con Venezuela. Según la delimitación institucional que se tome, comprende municipios como Tibú, El Tarra, Teorama, San Calixto, Hacarí, Convención, Sardinata, Ocaña, Ábrego, La Playa y El Carmen, y su relevancia no es solo geográfica. Desde hace años es un territorio atravesado por economías ilegales, en particular los cultivos de coca y las rentas del narcotráfico, lo que ha favorecido la presencia, la disputa y la reconfiguración de grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha documentado allí la huella de estructuras como el ELN, el EPL, Los Rastrojos y, más recientemente, el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, la Segunda Marquetalia y el EGC. Esa combinación de frontera, economías ilícitas, control territorial y débil presencia estatal explica por qué el Catatumbo es una región especialmente sensible. La confrontación entre el ELN y el Frente 33, recrudecida desde enero de 2025, provocó una de las crisis humanitarias más graves registradas en la zona, con decenas de miles de personas desplazadas y confinadas. En un territorio con ese nivel de presión armada, cualquier elección, y más aún una curul de paz, exige un estándar de libertad y de garantías mucho más alto que el de un trámite electoral ordinario.
El pasado 17 de febrero, la Misión de Observación Electoral advirtió que el riesgo electoral en las CITREP, sigla de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, se había agravado por la coincidencia de factores de violencia y de fraude.En ese informe, la MOE señaló que 103 de los 168 municipios de esas circunscripciones presentaban algún nivel de riesgo y que 63 estaban en riesgo extremo, además de advertir una alta superposición entre los municipios más expuestos y las zonas con economías ilegales. El Catatumbo apareció dentro de ese contexto crítico, lo que significa que la elección de su curul de paz se produjo en un territorio que ya había sido identificado como especialmente vulnerable para el ejercicio libre del voto.
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