En Colombia, denunciar fraude electoral sin pruebas se volvió una costumbre cada vez más peligrosa. Lo hizo hace ocho años el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo hizo también hace unos meses la campaña de Abelardo de la Espriella desde la estridencia oportunista, y lo más grave, lo ha hecho el presidente Gustavo Petro desde la autoridad de los micrófonos institucionales.
Cambian los nombres, pero no el libreto. Cuando los hechos incomodan, se ataca el sistema; cuando la evidencia no alcanza, se fabrica sospecha; cuando no hay pruebas, se grita más duro; y cuando asoma el riesgo de una derrota causada por la propia torpeza, se recurre a la coartada más irresponsable de todas: inventar el fraude del sistema.
El problema no es solo la falsedad de la acusación. Es el daño que produce. Incriminar de un posible fraude sin evidencia no es una forma de vigilancia democrática. Es una forma de sabotaje. Se erosiona la credibilidad del sistema, se envenena la conversación pública y se acostumbra al país a una idea devastadora: que perder nunca es perder, sino ser víctima de una trampa. Nada de eso fortalece las instituciones. Lo que hace es debilitarlas desde adentro, reemplazando la prueba por la sospecha y el debate por la paranoia.
Regístrate para seguir leyendo
Ingresa tu correo para continuar disfrutando de nuestro contenido.
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Lea los comentarios
