La investigación que publicó El Tiempo el pasado 26 de marzo causó sorpresa e irritación. La titulaba de la siguiente manera: ‘Gobierno usó 31 billones de pesos en contratos a dedo con la economía popular’.
Utilizando una norma del Plan de Desarrollo —que luego tumbó afortunadamente la Corte Constitucional—, el Gobierno firmó contratos con asociaciones, consejos comunitarios, resguardos indígenas, cabildos indígenas y juntas de acción comunal por un valor equivalente a tres reformas tributarias, 31 billones de pesos, a dedo, es decir, saltándose toda la regulación de la contratación pública. Ante todo, aquella que exige licitaciones o concurso público para comprometer por la vía contractual recursos públicos.
No pudo ser más clara la Corte Constitucional al declarar inexequible este engendro del Plan de Desarrollo cuando dijo: “se consideró que el articulo demandado desconoce, de una parte, las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”.
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