El 12 de noviembre de 2024, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a Colombia a pagarle a Telefónica 379,8 millones de dólares, más intereses, en un pleito que puede salirle muy caro al país. Estamos a menos de dos meses para que se celebre una audiencia en París, donde la defensa jurídica de la Nación buscará la anulación del laudo y así evitar que la condena quede en firme.
Este es un pleito viejo que tuvo su génesis 32 años atrás.
En ese entonces, el 28 de marzo de 1994, el Gobierno firmó contratos de concesión de telefonía móvil celular que incluían una cláusula de reversión. En una de esas concesiones, la cláusula 33 estableció que, al finalizar el contrato, “los elementos y bienes directamente afectados” pasarían a ser propiedad de la Nación sin compensación alguna. Ese punto quedó sembrado desde el origen del negocio y terminó convertido en una disputa de varias décadas que hoy tiene a las arcas del país en vilo.
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