En Colombia solemos pensar que la economía se mueve por cifras técnicas, decisiones de política monetaria o anuncios de los mercados. Pero la verdad es más sencilla y humana: la economía se mueve por expectativas. Y pocas cosas generan tantas expectativas —para bien o para mal— como una elección presidencial.
Por: Mauricio Rosillo
Este 2026 nos recuerda una realidad que a veces pasamos por alto: cuando un país vota no solo decide quién gobierna, sino que también define las reglas con las que quiere crecer, el entorno en el que invertirán las empresas y el nivel de confianza con el que avanzan los hogares y las empresas. En ese sentido, hay una idea que vale la pena poner sobre la mesa: la economía también se vota.
La economía es cotidiana. Está en el mercado semanal, en el arriendo, en los costos de operación de una empresa, en la compra de una máquina o en la decisión de contratar. Por eso es importante entender los desafíos que enfrentamos antes de que la emoción electoral nos abrume, no para alimentar el ruido, sino para aportar claridad en un momento donde la emoción es legítima, pero la lucidez es indispensable.
Hoy, por ejemplo, el costo de vida sigue siendo una de las principales preocupaciones de los colombianos. Aunque la inflación ha venido cediendo, aún se mantiene en niveles que se sienten en lo cotidiano —5,56 por ciento anual en marzo de 2026, según el DANE—, especialmente en alimentos, vivienda y servicios. Esa persistencia no solo afecta el consumo; también redefine prioridades y condiciona decisiones en millones de hogares.
Esa misma dinámica se traslada al acceso al crédito. Cuando la inflación no baja con la velocidad esperada, las tasas de interés tienden a mantenerse elevadas por más tiempo. El resultado es un entorno en el que decisiones como comprar vivienda, invertir en un negocio o expandir una operación requieren más cautela. Lo que está en juego no es solo el costo del dinero, sino el ritmo al que puede moverse la economía.
A esto se suma un factor menos visible, pero igual de determinante: la confianza en las finanzas públicas. Se espera un déficit fiscal cercano al 7 por ciento, muy lejos del 5,1 por ciento previsto inicialmente. La disciplina fiscal no es un tecnicismo reservado para economistas: es la base de la credibilidad del país. Cuando los mercados ven riesgo, exigen mayores tasas al Estado, y eso termina encareciendo el crédito, presionando el tipo de cambio y afectando el precio de los bienes importados. El orden fiscal, en últimas, define cuánto le cuesta al país construir, invertir y sostener programas que necesita.
Y, por último, el entorno internacional que introduce un nivel adicional de complejidad, pero también de oportunidad. Colombia no toma decisiones en el vacío: lo que ocurre afuera influye en precios, costos y mercados. Entender ese contexto no es solo una necesidad; es también una forma de encontrar espacios donde el país puede competir mejor.
En medio de este panorama, surge una discusión de fondo: no es solo cuánto crece el país, sino cómo lo hace. La calidad del crecimiento —su capacidad de sostenerse en el tiempo— depende, en buena medida, de la inversión. Es allí donde se construyen mejoras en productividad, se generan empleos de mayor calidad y se crean condiciones para que los ingresos crezcan de forma sostenible.
Por eso, el momento electoral no debería leerse únicamente en clave política y solo con las emociones. También es, en esencia, un momento económico. Las propuestas, más allá de sus objetivos, envían señales sobre la estabilidad de las reglas, la viabilidad de su ejecución y la forma en que se gestionarán los equilibrios fundamentales. Y en una economía que responde a expectativas, esas señales importan.
Esto no implica buscar respuestas simples, sino formular mejores preguntas: si las propuestas contribuyen a que el costo de vida baje de manera sostenible; si facilitan que las empresas crezcan y generen empleo; si ayudan a que el crédito sea más accesible en el tiempo; si plantean una ruta clara y creíble en el manejo de las finanzas públicas; y si fortalecen la confianza necesaria para atraer inversión.
Esas preguntas no son para economistas: son para ciudadanos. Porque el resultado de este año no solo definirá el clima político. Definirá el clima económico en el que operarán miles de empresas y millones de hogares.
Colombia ha demostrado que tiene la capacidad de adaptarse, corregir y avanzar incluso en contextos complejos. Ese es, quizá, uno de sus mayores activos. Por eso, más que enfrentar este momento desde la incertidumbre, vale la pena asumirlo desde la responsabilidad que implica decidir.
Votar en 2026 es ejercer un derecho democrático, pero también es decidir sobre el bolsillo propio y sobre el bolsillo del país. La emoción del voto es legítima. El reto es complementarla con claridad.
Porque, al final, la economía no es algo lejano: es el resultado de las decisiones que tomamos como sociedad. Y en un entorno desafiante, elegir con criterio es también una forma de construir confianza en el futuro que queremos.
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