Los colombianos aprendimos a respetar las decisiones de las urnas. La institucionalidad electoral ha sido capaz de realizar elecciones con una notable eficacia, exactitud y transparencia. A pesar de las debilidades que persisten y de la complejidad del escenario político y de violencia, el sistema electoral ha garantizado recurrentemente la manifestación incuestionable de la voluntad popular. Así ocurrió el pasado 8 de marzo como fue reconocido ampliamente por la ciudadanía. La calidad democrática de los comicios también fue elogiada por todos los observadores internacionales y por analistas imparciales de todos los pelambres.
El carácter democrático de las elecciones en las últimas décadas nos ha hecho olvidar la sangrienta y dolorosa historia que ha vivido Colombia en materia de violencia electoral. Las elecciones no se ganaban en la leal competencia de las ideas. Quien se tomase el aparato electoral garantizaba la victoria en las urnas y el control del Estado. En esa época, la convicción generalizada de que “quien escruta elige” llevó a luchar por el control de la institucionalidad electoral convirtiendo las elecciones, literalmente, en un campo de batalla. Esas guerras electorales fueron superadas por el Frente Nacional, pero sin embargo revivieron cuando el régimen bipartidista usurpó la victoria a Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Anapo, el 19 de abril de 1970.
La Constitución de 1991, resultado de un acuerdo nacional y una Constituyente, en la que participó el M-19 surgido precisamente de ese oscuro episodio de fraude electoral, creó una nueva legitimidad y un marco institucional que cerró ese nuevo ciclo de guerra política y electoral. Ahora Petro parecería desear que el país regrese a los tiempos superados de la violencia electoral.
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