En La Guajira la salud hoy se mueve en dos circuitos: el estatal, que dejó inconclusa la gran promesa de los CAPS, y el de afortunados prestadores que han logrado expandirse en medio de la crisis.
La gran promesa oficial de los CAPS en La Guajira terminó convertida en un fracaso. El Gobierno planteó 25 Centros de Atención Primaria en Salud en 10 municipios, con una inversión de 82.029 millones de pesos y la promesa de beneficiar a más de 394.000 personas en uno de los territorios con mayores barreras de acceso del país. Pero el propio Ministerio de Salud terminó reconociendo incumplimientos, impuso una sanción de 1.640 millones, no prorrogó el contrato y ordenó devolver cerca de 16.000 millones ya girados.
La Guajira tiene la mayor proporción de población indígena de Colombia, con el 47,8 por ciento de sus habitantes y 394.683 wayuu, y de sus 424 sedes de IPS apenas 87 están en zonas rurales. La respuesta estatal, que debía llegar a 423.360 personas, equivalentes a 94.080 familias rurales y dispersas, terminó dejando obras inconclusas en la zona del país más golpeada por el escándalo de la UNGRD, una red de contratación bajo investigación judicial que ha involucrado ministros, congresistas y una serie de actores locales del departamento que, curiosamente, no han sido tocados por la justicia.
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