La sostenibilidad financiera del sistema de educación superior colombiano: una agenda que no da espera

La senda recorrida por el país en los últimos años ha hecho que todos los sectores hablen de la necesidad de tomar decisiones históricas de cara al próximo gobierno. La educación superior no escapa a ello. No solo por la manera en la que en los últimos años han evolucionado las demandas y expectativas sociales frente a asuntos como cobertura, presencia territorial, inclusión, calidad y velocidad de respuesta; sino también por los intensos debates relacionados con la naturaleza mixta del sistema y la gobernanza y autonomía de las instituciones que lo conforman.

Sin embargo, concentrar la mirada únicamente en esos debates nos condenaría a perder una ventana histórica irrepetible. Avanzaremos en lo coyuntural, sí, pero dejaremos sin resolver la arquitectura financiera de fondo que el sistema requiere para ser viable, competitivo y equitativo en el largo plazo. La razón es la conjunción actual de los inmensos cambios tecnológicos, culturales, sociales, ambientales y demográficos sobre nuestra sociedad que nos obligan, a todos, a cambiar nuestras premisas, estrategias y formas de trabajo, sin dejar de lado la visión de futuro que esto amerita.

No perdamos la oportunidad de hacer de nuestro sistema mixto de educación superior ese actor capaz de articular y apoyar, desde sus capacidades formativas, científicas, de extensión y relacionamiento internacional, la transformación inteligente y estratégica de todos los sectores del país. 

Lograrlo exige abordar con rigor técnico y voluntad política la redefinición de los instrumentos, individuales y colectivos, que garanticen la sostenibilidad financiera, capacidad operativa y sendas de inversión que se requieren en materia de infraestructura, talento humano, tecnología y equipamiento científico para jugar ese papel de construcción del país futuro que todos anhelamos. 

En ese sentido, desde el marco del próximo Plan Nacional de Desarrollo, en los debates legislativos que se anuncian y en la agenda de Consejos Superiores, Juntas Directivas gremiales y empresariales se hace necesario construir las bases de un esquema mixto de financiación que permita asumir responsablemente todos los costos de la ampliación de cobertura a regiones apartadas, y a nuevos grupos poblacionales como desempleados y adultos mayores. Debemos abordar modelos como contratos de desempeño, bases patrimoniales indexadas y esquemas de cofinanciación por resultados que distribuyan el riesgo entre el Estado, las instituciones y el sector productivo. Tendremos que aprender a asumir los mayores costos que implica contar con profesores e investigadores más cualificados, y a construir pactos que faciliten la adquisición de herramientas tecnológicas más robustas.Así mismo, eliminar los temores ya materializados, de impuestos y cargas financieras extraordinarias que no tienen relación con las funciones misionales y por último formas de compartir los gastos asociados a los inmensos aportes hechos a la cultura, a la arquitectura, el urbanismo,  la transferencia tecnológica, la extensión rural y el desarrollo regional.

El sistema mixto de educación superior colombiano hoy tiene la capacidad de ser la palanca para la sostenibilidad que el país ha buscado por décadas. Rompamos la falsa dicotomía entre lo público y lo privado en materia de gobernanzas y financiación. Persistir en ello solo conduce al debilitamiento de instrumentos como el ICETEX, a la contracción del crédito educativo como palanca de movilidad social, a la exclusión de actores capaces de transformar los recursos de regalías en desarrollo científico y territorial, a crear enemistades donde siempre ha existido cooperación y armonía, y a la pérdida de confianza de los agentes privados y del sector productivo en un sistema al que le hemos pedido, simultáneamente, más cobertura, más calidad y menos recursos.

El próximo Gobierno y Congreso tienen una responsabilidad ineludible y una ventana concreta de acción: el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y las reformas legislativas anunciadas son el momento para construir, de forma consensuada y no impuesta, una hoja de ruta financiera de largo plazo. Las reflexiones hechas por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y otros actores sectoriales hoy brindan un diagnóstico y unas propuestas claras que nos permitirán contar con un sistema universitario de naturaleza mixta, sostenible, soportado por un modelo de financiamiento estable predecible y basado en criterios técnicos. El país lo espera. El momento es ahora.