El candidato presidencial Iván Cepeda decidió esta semana atacar la presencia de Ciro Ramírez en el Senado. No es para menos. Lo llamó “criminal convicto”, anunció una queja disciplinaria y dijo que su permanencia afecta la moralidad pública y el buen nombre del Congreso. Estamos de acuerdo en todo. Ramírez, por su parte, respondió que su condena a 23 años es de primera instancia y que, mientras no quede en firme, sigue cobijado por la presunción de inocencia. Jurídicamente, en eso último tiene razón. Políticamente, el debate ético existe. Lo que no existe es el derecho a la indignación selectiva.
Porque, mientras el candidato del Pacto Histórico se despachó contra Ciro Ramírez, guarda un silencio de convento frente a Pedro José Suárez Vacca, representante del Pacto Histórico por Boyacá, uno de sus aliados en el departamento y un congresista que hoy enfrenta un juicio ante la Corte Suprema. Nada más ni nada menos que por prevaricato por acción agravado, en modalidad de delito continuado, por decisiones que adoptó cuando era juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad en Tunja. En otras palabras, por recibir un soborno de un narco para sacarlo de la cárcel.
El viernes, en un gran evento en la Plaza de la Nieves en Tunja, el candidato del Pacto Histórico se abrazó de Suárez Vacca, y no dijo nada de la fuerte evidencia que lo aplasta. Aquí conviene poner orden porque la defensa y los amigos de Suárez Vacca han querido enredar lo básico. Empecemos por lo procesal.
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