Cómo Colombia pasó de cobrarle a Telefónica a deberle millones

Hace dos semanas nos ocupamos en este espacio del millonario pleito que perdió Colombia contra Telefónica, una disputa originada en los contratos de concesión de telefonía móvil celular firmados en 1994 y, en particular, en la pelea sobre qué debía revertir al Estado al terminar esas concesiones. El caso terminó con un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que condenó al país a pagarle a la multinacional española 379,8 millones de dólares, más intereses, y volvió a poner bajo la lupa una vieja cadena de decisiones, mensajes oficiales y errores de interpretación que hoy tienen al Estado tratando de evitar, en París, que esa millonaria cuenta quede en firme.

Uno de los momentos más dicientes de esta historia ocurrió en el Congreso, en la Comisión Sexta del Senado, el 27 de noviembre de 2012. Allí quedaron expuestas dos visiones opuestas sobre el alcance de la reversión. De un lado, el entonces ministro TIC, Diego Molano Vega, defendió la tesis de que la Ley 1341 era clara al señalar que la reversión se limitaba al espectro. Su argumento era práctico: si la infraestructura también debía volver al Estado, nadie invertiría en redes. Del otro lado, la entonces contralora Sandra Morelli sostuvo una posición contraria. Dijo que, si se trataba de una concesión, la reversión era un elemento esencial del contrato y que vaciarla de contenido desfiguraba la figura misma de la concesión y afectaba el patrimonio público.

Ese choque tenía un elemento adicional. Antes de llegar al Gobierno de Juan Manuel Santos, Diego Molano Vega había trabajado en BellSouth y en Telefónica. En documentos oficiales de MinTIC figura como exdirector de Asuntos Regulatorios y Gobierno de BellSouth International y exsubdirector general de Relaciones Corporativas del Grupo Telefónica. Ese antecedente hacía más sensible que, ya como ministro, defendiera en el Congreso una tesis que después resultó útil para Telefónica en el pleito internacional.