El periódico The New York Times publicó un extenso reportaje sobre una mina ilegal de oro en Colombia. Lo más impresionante del reportaje no son los aterradores videos y fotos de la destrucción ambiental causada por los mineros, sino la denuncia de que parte de esta mina —llamada La Mandinga— controlada por el Clan del Golfo estaba ubicada dentro de una base militar.
Pero esta es solo una parte de la historia. La otra parte, denunciada en un segundo reportaje del mismo periódico, es que la Casa de la Moneda de Estados Unidos (The United States Mint) compra oro del cartel de la droga y lo vende como estadounidense. La conclusión del NYT es que una agencia del Gobierno norteamericano no cumple sus propias políticas de verificación del origen del oro que compra y así se ha convertido en un eslabón importante de la cadena de lavado de dinero de terroristas y narcotraficantes.
La contradicción, o la hipocresía, es evidente: los mismos países que lideran la lucha global contra el narcotráfico participan, de facto, en la legalización de uno de sus principales mecanismos de lavado de activos. ¿Cómo parar un sistema de minería ilegal cuando el precio del oro supera los 5.000 dólares la onza, y hasta el Gobierno norteamericano lo compra?
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