SIC sanciona a Movistar por contactar usuarios sin permiso: qué exige la ley y cómo frenar los mensajes comerciales

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 670 millones de pesos a Telefónica Colombia, empresa que opera bajo la marca Movistar, por el tratamiento indebido de datos personales. Según la entidad, la compañía contactó en repetidas ocasiones –a través de mensajes de texto, WhatsApp y llamadas telefónicas– a usuarios de otra empresa de telecomunicaciones con fines comerciales sin su autorización previa.

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Tras revisar una denuncia, la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales abrió una investigación y sancionó a la empresa. Posteriormente, se presentó un recurso de apelación que fue revisado por la Delegatura para la Protección de Datos Personales. Sin embargo, mediante la resolución No. 78138 del 2 de octubre de 2025, la entidad confirmó la sanción.

“Las actividades de prospección comercial mediante el envío de mensajes de texto, el uso de aplicaciones o la realización de llamadas telefónicas sin contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares vulnera el derecho fundamental al habeas data, protegido por la Constitución y por la ley”, indicó la delegatura.

Para la entidad, el derecho a la protección de datos personales es una “garantía de los derechos fundamentales a la intimidad y a la tranquilidad, ligados al valor del respeto por la vida privada” de los usuarios. Además, señaló que “la falta de respeto que suponen las comunicaciones no deseadas –a veces en horas inapropiadas o en momentos inoportunos, molestas e invasivas del espacio privado– no está cobijada por un ejercicio legítimo de las libertades de los agentes económicos”.

Angie Monroy, abogada de Derecho Corporativo y Negocios Internacionales en Scola Abogados, explicó que este no es un caso exclusivo de Movistar, sino una práctica recurrente en varias empresas. Según la experta, muchas compañías consideran que el retorno económico que obtienen por la prospección comercial es mayor que el valor de la sanción que les imponen.

“Creo que se trata, sobre todo, de generar dentro de las empresas una cultura de cumplimiento normativo. Desde las direcciones corporativas debe existir conciencia sobre la importancia de este derecho y sobre el riesgo reputacional que este tipo de sanciones implica para las compañías”, señaló.

Monroy subrayó que existen diversos mecanismos para obtener la autorización para el tratamiento de datos de los titulares por la vía legal. Esta puede ser verbal, por escrito o mediante conductas tácitas o inequívocas del titular que permitan inferir que otorgó su consentimiento. Para obtenerla correctamente, según la abogada, deben cumplirse tres requisitos:

• Solicitar la autorización antes del tratamiento de los datos o, como máximo, en el momento de su recolección.
• Informar expresamente al titular cuál es la información que el responsable (la empresa que solicita la autorización) va a utilizar.
• Indicar claramente cuál es la finalidad del tratamiento.

Aunque muchas compañías cumplen con el trámite, siguen cometiendo errores que también pueden ser motivo de sanción, como no conservar copia de la autorización, no proteger los datos bajo condiciones de seguridad adecuadas o no responder a las consultas o reclamos de los titulares dentro de los plazos establecidos.

¿Qué hacer si no quiere recibir llamadas o mensajes comerciales?

Según la experta, si un usuario se siente molesto por las llamadas o mensajes comerciales, puede presentar una reclamación a la empresa (la que solicitó la autorización de datos) para revocar el permiso otorgado o solicitar la supresión de su información, siempre que no exista un deber legal o contractual que obligue a permanecer en la base de datos. En caso de que la compañía no atienda la solicitud, el usuario puede acudir a otros mecanismos.

“Debe tener en cuenta los plazos que tienen las empresas para responder este tipo de peticiones. Si dentro de ese tiempo no obtiene respuesta, puede informar la situación a la Superintendencia de Industria y Comercio y, además, presentar una acción de tutela por vulneración del derecho fundamental de petición y del derecho a la vida privada”, explicó la abogada.

Monroy también recomendó inscribir gratuitamente el número de la línea celular en el Registro de Números Excluidos (RNE), una plataforma administrada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Este registro evita la recepción de mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas o mensajes por aplicaciones con fines comerciales o publicitarios. Para acceder, los ciudadanos deben crear un usuario y contraseña, e indicar qué canales autorizan o no para ser contactados por las empresas. Si desea hacer el registro, haga clic aquí.