La investigación contra el presidente de Cisa por unas casas que nunca se construyeron

El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en pedir a la Fiscalía investigar a los anteriores directores de la Sociedad de Activos del Estado (SAE), por lo que podría constituir, según él, "uno de los peores escándalos de corrupción de la historia reciente": la desaparición de bienes confiscados a la delincuencia que existen en el inventario pero no en la viva realidad.

Sin embargo, poco ha hablado de las razones por las cuales nombró a Nicolás Corso Salamanca en la presidencia de la Central de Inversiones S.A. (Cisa), la entidad encargada de vender los activos de la SAE que ya han pasado al dominio del Estado.

Para que se entienda, Cisa es dueña de SAE, que es la entidad encargada de administrar los bienes mientras no han pasado a dominio del Estado. El presidente de Cisa es presidente de la junta directiva de SAE. Así, Corso Salamanca tiene en sus manos el control de Cisa y notable injerencia en las decisiones que toma SAE. Una de las misiones de Cisa es retornarle al Estado los dineros de la venta de los bienes que se les han quitado a mafiosos y a corruptos.