Mil jueces más para destrabar la justicia

Es difícil, por no decir que imposible, encontrar un doliente del sistema judicial colombiano. Abogados, jueces y ciudadanos de a pie coinciden en su diagnóstico: la justicia del país es lenta y llega tarde. El consenso casi que generalizado es que la principal aflicción que padece el sistema son las demoras para que se tome una decisión de fondo respecto de un asunto en materia civil, administrativa o penal. A pesar de que los códigos estipulan términos exactos sobre cuánto debe tardar un juez en proferir una sentencia, esos plazos resultan siendo un saludo a la bandera porque jamás se materializan. El único tiempo que se respeta es el de las tutelas, las cuales abordan violaciones de derechos fundamentales y, por lo tanto, deben resolverse prontamente.

Razones hay varias, pero dos coinciden con especial detalle. Colombia es un país con alta litigiosidad y esa característica no se compadece con la cantidad de personal que compone la rama judicial. Según información recopilada por el Consejo Superior de la Judicatura, el sistema tuvo cerca de 1,8 millones de ingresos —casos, tutelas, apelaciones y demás— en 2021, que fueron conocidos por los 5.488 jueces y magistrados que hay a lo largo del territorio nacional.

Los números revelan un panorama agobiante. Aunque la demanda de justicia creció 350 por ciento entre 2000 y 2020, tal y como detalla la propia Judicatura, el personal judicial solo aumentó 20 por ciento. Actualmente, el país cuenta con una tasa de 11 jueces por cada 100.000 habitantes y, pese a que no existe un estándar óptimo acerca de cuántos debería haber para que el aparato judicial opere correctamente, los retrasos actuales demuestran que algo evidentemente está fallando.