Así quedaron los términos del primer preacuerdo firmado en relación con el escándalo de los Centros Poblados

Cambio conoció que mañana la Fiscalía presentará ante un juez de conocimiento el preacuerdo que firmó con Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Seguros, en el cual Laverde acepta su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado –por las supuestas garantías bancarias falsas que presentaron en la Unión Temporal de los Centros Poblados–, a cambio de una pena de 48 meses de prisión. La última palabra sobre el documento la tendrá el juez.

La condición para el preacuerdo es que devolviera el dinero del que se habría apropiado de manera ilícita, un monto aproximado a los 187 millones de pesos. Así las cosas, al ser el único procesado en cumplir con la entrega de los dineros, el ente acusador accedió a otorgarle el beneficio.

Por otro lado, al convertirse en testigo de la Fiscalía, será beneficiario de un principio de oportunidad por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad, es decir que, por los mismos, le suspenden la acción penal a cambio de colaboración eficaz en el proceso. En este paquete de la investigación, se le indaga porque, en su condición de corredor de seguros de la empresa Rave, se encargó de presentarle al polémico contratista Emilio Tapia las empresas Omega Buildings e Intel de la Costa, de propiedad de Ottomar Lascarro, para que estas hicieran parte de la Unión Temporal y cumplir con los requisitos exigidos en el proceso licitatorio, sin que estas personas tuvieran algún tipo de participación real en desarrollo y ejecución del contrato.