Los retos de la justicia para el próximo gobierno

La justicia atrae pocos reflectores en las campañas presidenciales, quizás porque la ciudadanía tiene mayor interés en otros asuntos como la salud, la seguridad y la economía. Todo lo relativo a la justicia resulta siendo un tema de nicho, que solo preocupa a abogados y funcionarios judiciales. Las últimas elecciones así lo demostraron. Las declaraciones públicas que suscitaron cuestionamientos entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández giraron alrededor de diferentes temáticas en las que nunca se asomó el sistema judicial.

Pero esto no quiere decir que el próximo gobierno pueda darse el lujo de ser indiferente ante la necesidad de cambio en el poder judicial. La más reciente encuesta de Invamer que evaluó la favorabilidad de las instituciones del país, publicada el pasado febrero, no dejó bien parado al sistema judicial ni a dos de las altas cortes. La desfavorabilidad del sistema se ubicó en el 80 por ciento; la de la Corte Constitucional en 62 por ciento, y la de la Corte Suprema de Justicia en 72 por ciento (la más alta de su historia). El Consejo de Estado no fue incluido en la medición. A esto se suma la impunidad que para 2019, según registros de Transparencia Internacional y la Fiscalía General de la Nación, rondaba el 94 por ciento. Contra los números es imposible debatir y conviene, más bien, actuar.

En las 54 páginas de su programa de gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez incluyeron la palabra “justicia” en 33 ocasiones. Conceptos como justicia social, justicia tributaria, justicia restaurativa y justicia climática son recurrentes en los distintos capítulos del documento. Aunque no dedicaron una sección exclusivamente a plantear su propuesta para el sistema judicial —como sí lo hicieron otras campañas—, sus propuestas están esparcidas en diferentes puntos como la reforma a los órganos de control, la lucha contra los feminicidios y la violencia infantil, el fortalecimiento de la investigación y juzgamiento en la justicia penal militar, y facilitar el acceso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos.