
Las decisiones judiciales que marcarán el 2024
Arturo Char, Ciro Ramírez y Piedad Córdoba.
En manos de la Corte Constitucional está el futuro del Acuerdo de Escazú, del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, así como más demandas contra la reforma tributaria. Además, se esperan fallos claves en materia de aborto, el uso de la inteligencia artificial en la justicia, la familia multiespecie o los contenidos que emiten los influenciadores en redes sociales. También es un año clave para varios procesos penales.
El gobierno de Gustavo Petro deberá defender este 2024 ante la Corte Constitucional todo su Plan Nacional de Desarrollo, que es el eje de ruta para estos cuatro años y que enfrenta múltiples demandas, incluidas dos que cuestionan la totalidad de la ley aprobada en el Congreso por vicios de forma. No solo la Procuraduría ya pidió a la Corte tumbar, dos veces, más de 40 artículos por supuestos errores en el trámite en el legislativo en la conciliación, sino que están en riesgo temas centrales para el Jefe de Estado.
Entre lo que está tambaleando por supuestos vicios de forma está la creación de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que quedó a cargo de la Secretaría de Transparencia, así como la creación de Asociaciones de Iniciativa Público Popular entre entidades públicas y las organizaciones sociales y las comunidades étnicas para proyectos sociales, educativos, agrícolas o de infraestructura, además de otro artículo sobre la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación.
También están en riesgo, parcialmente, el Sistema Nacional de Reforma Agraria, ajustes hechos al plan para pagar indemnizaciones a las víctimas del conflicto, la creación de una estrategia contra el tráfico ilegal de fauna, entre otros. La Procuraduría, por ejemplo, pidió tumbar por forma el aval al Ministerio de Hacienda para disponer recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Con ello podría contratar de manera directa por al menos cinco años sociedades fiduciarias de carácter público en temas pensionales.
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