Consejo Nacional Electoral abre investigación a la campaña de Gustavo Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Luego de recibir una queja anónima a uno de sus correos electrónicos, el órgano decidió dar apertura a una investigación después de que se acusara a Ricardo Roa, gerente de la campaña, y a Jonathan Ramírez, exsecretario general del Departamento de Prosperidad Social (DPS), de manejar dineros de la campaña en cuentas bancarias personales.

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La providencia del CNE, conocida por CAMBIO, ordenó la práctica de pruebas para determinar la veracidad de las acusaciones y, en consecuencia, pidió documentación relacionada con el proceso de inscripción de la candidatura del hoy presidente a la Registraduría Nacional del Estado Civil. También exigió al Fondo Nacional de Financiación Política que remita copia de los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Esta no es la primera alerta alrededor de este tema. Una investigación de CAMBIO reveló que una auditoría contratada por el CNE encontró irregularidades en las cuentas que presentó la campaña de Petro al terminar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La firma detrás del informe es Nexia Montes & Asociados, que descubrió pagos a empresas fantasma, donaciones no registradas y una aparente maniobra de cambio de facturas para evitar sobrepasar los topes.

Los hallazgos de la auditoría

La campaña reportó que gastó el 99,93 por ciento de las sumas legalmente autorizadas. El tope eran 28.536 millones y reportaron gastos por 28.517 millones. Esto quiere decir que estuvieron apenas a 19 millones de pasarse. Los auditores encontraron que para mantenerse dentro de ese margen anularon una factura de una empresa de vigilancia y la integraron a la contabilidad por un valor menor.

La empresa contratada se llama Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad y el objeto del contrato era el suministro de escolta privada entre el 2 y el 29 de mayo de 2022. Dicho contrato tuvo un valor cercano a los 77 millones de pesos, IVA incluido. Tres días después del inicio del contrato, el 5 de mayo, Olimpo Seguridad envió una factura cobrando el monto pactado, pero un mes más tarde, el 10 de junio, cuando ya había pasado la primera vuelta y los servicios habían terminado, Olimpo Seguridad le envió a la campaña Petro una nota crédito con la devolución parcial de dicha factura. El reembolso fue por 38,6 millones de pesos. Es decir, por la mitad del valor del contrato.

Esa diferencia de 38,4 millones, pequeña en los grandes números, significó mantenerse dentro de los topes según el informe de auditoría: “Evaluamos que, si no se hace este ajuste al contrato, la campaña presidencial sobrepasaba el tope de gastos permitido en Resolución 694 de 2022 del CNE (...) La dirección de la campaña no brinda las explicaciones, sustentadas y motivadas de la reversión de dicha factura”, señala la auditoría.

Otro asunto que llamó la atención de los auditores no tiene que ver con la cuantía, sino con un tema puramente cronológico. Dos contratistas del Área Metropolitana de Bucaramanga recibieron pagos de la campaña de Petro antes de haberse registrado en la Cámara de Comercio, es decir, antes de existir legalmente.

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Se trata de Mónica Slendy Velásquez y Diego Fernando Londoño. La cuenta expedida por la señora Velásquez suma 110 millones de pesos. El documento no es una factura electrónica y tiene fecha del 18 de abril de 2022. Curiosamente la señora Velásquez expidió la factura dos días antes de haberse registrado como empresa unipersonal ante la Cámara de Comercio.

Lo mismo ocurrió con el señor Diego Fernando Londoño, quien expidió facturas por 328 millones de pesos. Entre esas facturas se encuentran dos que suman 163 millones y fueron expedidas entre el 18 y 19 de abril, días antes de que su empresa fuera inscrita ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Al igual que en el caso de Mónica Slendy Velásquez, las facturas no eran electrónicas y las dos empresas fueron registradas el 20 de abril de 2022. Londoño le expidió a la campaña una tercera factura por 155 millones de pesos sin discriminar el IVA, lo cual es una obligación en cobros superiores a los 133 millones de pesos.

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Adicionalmente, la auditoría también evidenció que la campaña presidencial de Gustavo Petro no pagó arrendamiento por sus sedes en Montería y Cali. “En trabajo de campo adelantado por el grupo de auditores, establecimos que existieron sedes de campaña en las ciudades de Cali y Montería, no reconocidos en el gasto por concepto de pago de arrendamientos o servicios; o sin reconocer como donaciones mediante el registro de actas y valoración de los bienes al servicio de la campaña”, señala el informe.

La ley establece que la donación es la única figura para recibir efectivo o bienes y servicios gratis. Esa figura puede ser en dinero o en especie, pero de ninguna manera puede ser excluida de la contabilidad como dicen los auditores que pasó en la campaña del presidente Gustavo Petro.