Las nuevas ligerezas en los procesos de extinción del dominio de la Fiscalía
Los jueces ordenaron a la Fiscalía devolver bienes a un hombre al que señalan de ser testaferro de Eurípides Cooper y un edificio en el centro de Bogotá en el que, sin autorización del dueño, comercializaban celulares robados.
CAMBIO conoció en exclusiva dos decisiones de los jueces de extinción de dominio en las que no solo cuestionan los argumentos de la Fiscalía para imponer medidas cautelares con fines de extinción del dominio sino que le ordenan devolver bienes a un hombre que fue señalado de supuesto testaferro del narco Eurípides Cooper, y un edificio en el que, supuestamente, se comercializaban celulares robados en el centro de Bogotá.
Por: Sylvia Charry
La administración de Francisco Barbosa maneja cifras históricas en materia de extinción del dominio. Dice que en solo tres años ha impuesto medidas cautelares a casi 26.000 inmuebles que sumarían más de 26 billones de pesos. Sin embargo, como lo ha venido documentado CAMBIO, las cifras no solo estarían alejadas de la realidad, según expertos en avalúos, sino que la mayoría de procesos en la Unidad de Extinción de Dominio están quedando en rimbombantes titulares de prensa. En dos nuevas decisiones, los jueces de extinción de dominio cuestionan el accionar de la Fiscalía e invitan a los fiscales a cambiar el “reiterado discurso para justificar las cautelas” porque están exponiendo casi un “formato inamovible” en todos sus procesos de extinción. En otras palabras, les dicen que no pueden copiar y pegar las justificaciones de un proceso a otro.
El primer caso tiene que ver con bienes incautados que, según la Fiscalía, harían parte de la organización que lideraba el narco Eurípides Cooper, capturado en 2015 como jefe de una red internacional de narcotráfico que enviaba cocaína a Panamá y otros países de Centroamérica, a través de lanchas rápidas y pesqueros. El 8 de abril de 2022 la directora especializada de extinción de dominio, Liliana Patricia Donado, informó sobre la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes que estarían a nombre de testaferros del narco y que sumaban, supuestamente, 107.000 millones de pesos.
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