“Camine hablemos afuera”: el extraño caso de corrupción de la SAE para no devolver un bien

En noviembre de 2019 el señor Humberto Parada fue notificado de que su casa, ubicada en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, sería embargada con fines de extinción del dominio porque estaba a nombre de una señora que era la madre de Vladimir Losada Zabala, un presunto integrante de la organización San Andresito de la 38 que había sido capturado meses atrás.

Su inmueble hacía parte de uno de los 261 bienes que incautó la Fiscalía y que, según informaron, sumaban más de un billón de pesos. Sin embargo, pasaron más de dos años y la Fiscalía no cumplió con su deber: presentar una demanda de extinción de dominio o archivar la investigación y devolver los bienes. Por eso, en mayo pasado, la juez tercera de Extinción de Dominio de Bogotá tumbó las medidas cautelares de embargo y le ordenó a la Fiscalía devolver los bienes a los propietarios. CAMBIO conoció un oscuro episodio que involucra a un funcionario de la SAE que no quería obedecer la orden judicial y que, para acatarla, le habría pedido al afectado 10 millones de pesos.

La historia inició en 2018, cuando la Fiscalía capturó a Vladimir Losada Zabala y a otras 20 personas, como supuestos integrantes de organizaciones criminales como San Andresito de la 38, Clan Triana Esmeralderos, Clan Herrera y Colegiado de la Oficina, que se dedican, al parecer, a cometer extorsiones, amenazas, desplazamientos y a adquirir bienes en la modalidad de testaferrato. En noviembre de 2019, el ente acusador aplicó medidas cautelares de embargo y secuestro a 261 bienes que harían parte del patrimonio de los capturados.