Proponente de la UNP para compra de camionetas está mencionado en carrusel de carros blindados

El proceso de la adquisición de 170 vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) había pasado inadvertido hasta que el pasado 30 de junio CAMBIO reveló una serie de reuniones entre Andrés Sarabia y Carlos Niño, un misterioso contratista de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que se habría acercado al hermano de la mujer más poderosa del Gobierno, al parecer, para que le ayudara con ese contrato.

El proceso terminó en Agencia Logística porque la UNP lo tercerizó y, según señalaron las fuentes, en esa entidad Niño era el poderoso. Después de las denuncias de CAMBIO y de que solo un proponente resultara habilitado, el proceso fue declarado desierto.

Sin embargo, un par de meses después, la Agencia Logística volvió a abrir el proceso de subasta para comprar las camionetas de la UNP.

CAMBIO rastreó los proponentes y encontró que, al menos uno de ellos está mencionado en el escándalo del carrusel de los carros blindados que ya tiene a varios imputados.

El escándalo revelaba un supuesto concierto para delinquir entre altos funcionarios del Estado y particulares que cuadraban licitaciones de miles de millones de pesos entre proveedores privados y entidades oficiales. El objetivo era hacer acuerdos restrictivos de la competencia y sobornar con pagos en efectivo y en especie a los funcionarios.

El cuestionado proponente es la Unión Temporal Blindados Alfm 2024 que está conformado por las empresas Toyonorte S.A.S., que tiene una participación del 70 por ciento y que está representada legalmente por Daniel Eduardo Abello Uribe; le sigue la empresa Armor International de Colombia LTDA., con una representación del 15 por ciento y representada legalmente por Andrés Mejía Andrade; y finalmente, la empresa Blindex S.A., que tiene el otro 15 por ciento de la participación y está representada en la unión temporal por Suky Soruco Gabriel.

Según fuentes del ente acusador, los representantes legales de esas tres empresas, que conforman la Unión Temporal, Toyonorte, Armor y Blindex, están siendo indagados por participar en el denominado multimillonario carrusel de contratación para la compra, alquiler y mantenimiento de carros blindados que fue revelado hace dos años por el periodista Daniel Coronell.

En ese escándalo fueron llamados a imputación de cargos Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, representante legal de la empresa M&M Group y su gerente, Yonn Jairo García Rivera. Se trata de los mismos personajes a los que la exvicefiscal Martha Mancera les negó el principio de oportunidad y quienes dicen tener información sobre 17 personas vinculadas al cartel de los carros blindados.

Este es un caso que lleva años rondando en despachos judiciales y que involucra a Andrés Villamizar, primer director de la UNP; su secretario, Julián Marulanda; el general (r) y exdirector de la Policía Nacional Rodolfo Palomino; su hermano el coronel Jorge Palomino; el exsubdirector general Hoover Penilla; Shinobo Kataot, presidente de Suzuki Colombia, entre otros.

Además de esos imputados, la Fiscalía investiga en el denominado carrusel a Felipe Adolfo Arbeláez Mejía, otro representante legal de la blindadora Blindex y a Daniel Eduardo Abello Uribe, representante de Toyonorte, los mismos que hoy conforman la Unión Temporal Blindados Alfm 2024 que quiere el contrato de los carros blindados de la UNP. Sobre Arbeláez y Abello, la Fiscalía alcanzó a anunciar una imputación de cargos.

Según fuentes de la Fiscalía, en ese proceso también se estaba indagando la participación de los representantes o dueños de la blindadora Armor International de Colombia Ltda., que es la tercera empresa que compone la mencionada unión temporal.

Un proponente cuestionable

Sin embargo, sobre los representantes legales de esas empresas, la Fiscalía nunca anunció públicamente si fueron o no responsables penalmente del denominado carrusel de los carros blindados, por lo que el caso sigue.

En esa investigación, la Fiscalía indagaba la participación de los representantes legales en los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia.

Por eso, aunque todavía no hay una condena que los inhabilite como proponentes, sí es cuestionable –por decir lo menos– que los mismos investigados por corrupción vuelvan a asociarse para licitar en el tema de vehículos blindados.

El otro proponente en el proceso que abrió la Agencia Logística es la Unión Temporal ALBO-BLINK, representada legalmente por Luz Mila Benítez. Según los papeles presentados al proceso, está compuesta por Alborautos, presidida por Fernando Aurelio Ávila y por One Mobility S.A.S., representada por Helver Brayan Lee.

Desde la UNP esperan que la cuarta vez sea la vencida y que pueda comprar los vehículos que desde el inicio del Gobierno ha querido adquirir para no seguir arrendando con empresas que, a juicio del propio director, se han venido cartelizando para repartirse la contratación.