Crisis en el Icetex: ¿qué hay detrás de la falta de plata para los créditos educativos?

El 30 de noviembre de 2023 el Icetex, la entidad que promueve la educación superior en Colombia por medio de créditos educativos, abrió la convocatoria para entregar nuevos cupos a más de 30.000 estudiantes que empezarían sus estudios en el siguiente semestre.

Hoy, un año después, y a falta de diez días para que finalice noviembre de 2024, la ausencia de recursos parece haber condenado al nuevo proceso. Si esto ocurre, por primera vez en la historia de ese instituto, no habrá desembolsos para que más jóvenes puedan entrar a la universidad.

Desde hace varios días, en algunos medios de comunicación se habla sobre este problema que enfrenta el Icetex. De los 1,5 billones de pesos necesarios para poder abrir los nuevos cupos y garantizar la continuidad del beneficio con que ya cuentan miles de estudiantes, solo hay disponibles cerca de 500.000 millones.

En el Ministerio de Educación, que administra los dineros que necesita el Icetex para brindar los créditos, aseguran que el problema radica en que el Ministerio de Hacienda no ha querido girar los recursos. Esta cartera, sin embargo, le responde al Mineducación argumentado que la entidad que necesite apropiaciones presupuestales debe hacer el trámite de solicitud y radicar sus documentos. Luego, según las prioridades, la plata va entregándose.

En la actual coyuntura fiscal del país, todos los sectores han tenido que apretarse el cinturón. No obstante, el Ministerio de Educación conocía la situación del presupuesto y el déficit para cubrir todos los programas. Aún así, se ha demorado con las diligencias. Entre tanto, los estudiantes son los más perjudicados.

Los créditos para los que no hay plata

Desde hace más de diez años, el Ministerio de Educación Nacional administra un programa llamado Créditos de Protección Constitucional. Bajo esa política, la cartera le gira recursos al Icetex para que cada año la entidad pueda abrir nuevos préstamos a estudiantes que quieren acceder a la educación superior.

Esos cupos crediticios van dirigidos a financiar a la población que está protegida constitucionalmente, como las comunidades indígenas, afrodescendientes, vulnerables y en condiciones de discapacidad. Para ellos, el programa tiene tres beneficios: el Gobierno subsidia la tasa de interés; además, entrega un salario mínimo semestral para sostenimiento y, al final de la carrera, cuando el joven ha culminado sus estudios, le condonan el 25 por ciento de la deuda.

Cada año, el Ministerio de Educación le entrega al Icetex recursos que alcanzan para cubrir un poco más de 62.000 estudiantes con esa línea especial. La mitad (es decir 31.000 cupos) se entregan en el primer semestre y la otra parte en el segundo. El resto de los jóvenes que se benefician con préstamos del Icetex y no hacen parte del programa se cubren con el presupuesto propio de la entidad.

La plata faltante para 2025, entonces, corresponde a los beneficiarios del programa de protección constitucional. No solo a los 60.000 nuevos; también podrían estar en riesgo los dineros para quienes gozan del beneficio desde 2024 hacía atrás: unos 184.000.

Para cubrirlos a todos, se necesitan 1,5 billones de pesos, pero como se dijo, el Ministerio de Educación solo tiene unos 500.000 millones de pesos. Los créditos que el Icetex entrega bajo esta modalidad son casi el 90 por ciento de los préstamos que pone la entidad. Por esa razón, para muchos el hecho de no cubrirlos significa una estocada a la misión institucional.

¿Quieren marchitar el Icetex?

Al consultar a varias fuentes en el sector sobre este lío que enfrenta hoy el Icetex, todas coinciden en que se trata de una política para ir apagando a esa entidad financiera, ya que, según el Gobierno, “históricamente se ha dedicado a endeudar a los jóvenes”.

CAMBIO le preguntó al ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre esa versión. El funcionario respondió que no es cierta y que para el Gobierno es claro que lo que se quiere es reformar el Icetex con una ley que tendría que pasar por el Congreso de la República. Sin embargo, sus actuaciones parecen demostrar otra cosa.

En primer lugar, aunque la Ley 1002 de 2005, con la que se rige el Icetex, establece que en las reuniones de la junta directiva de la entidad deben participar el propio ministro de Educación o su viceministro, desde que Daniel Rojas llegó a esa cartera, no ha querido hacerlo.

Por el contrario, intentó que a ese órgano de dirección y administración entraran dos de sus asesores de confianza, que están vinculados al ministerio como contratistas. El primero es Daniel Torres, el exlíder de la campaña El Icetex te arruina y un viejo deudor de un crédito educativo que se reveló contra el instituto y se convirtió en un férreo defensor de los estudiantes que llevan muchos años pagando sus carreras.

No obstante, Torres también fue denunciado por el propio Icetex por, supuestamente, haber utilizado información reservada de la entidad para beneficiarse. Por esa razón, la junta no permitió que él hiciera las veces de interlocutor entre el MinEducación y la entidad financiera.

La otra persona que el ministro delegó para representarlo es Alejandro López, quien antes de ser contratista del ministerio era el dueño de una empresa llamada Jurídico Cali, por medio de la cual brindaba asesoría a personas que quisieran demandar al Icetex. También intermediaba en procesos para lograr beneficios a los estudiantes de las universidades privadas que buscaban financiar su educación superior.

Ambos personajes son, para las fuentes que hablaron con CAMBIO, enemigos públicos de la entidad. Por esa razón, no deberían estar a cargo de las decisiones. Este medio investigó la participación de ellos en la junta y encontró, en el caso de Torres, que como no pudo hacer parte de ese órgano, se ha involucrado en otra instancia llamada pre junta.

Una fuente cercana al contratista dijo que “desde allí ha hecho consultas sobre los temas que se van a hablar en la junta directiva, se encarga de garantizar que los puntos que va a proponer el Icetex no tengan errores y de identificar mejoras. Además, revisa las normas y temas para que cuando lleguen a la junta sus miembros tengan la tranquilidad que ha pasado por una revisión adecuada”. Lo anterior, sin duda, significa que sí hay injerencia por parte de Daniel Torres en la entidad.

Entre tanto, según fuentes del Icetex, Alejandro López sí participa activamente en las juntas junto con el viceministro de Educación.

La política de gratuidad

Otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa y que sería una razón más para que el Gobierno esté buscando acabar con el Icetex tiene relación con priorizar la política de gratuidad para quienes quieren acceder a la educación superior en Colombia.

Aunque el ministro Rojas no dijo nada sobre este tema, personas muy cercanas a él en la cartera sí confirman que los jóvenes que pueden quedarse sin cupos si no se asigna la plata, y que son población vulnerable, son los mismos que podrían ser cobijados con la matrícula cero que se está impulsando para llegar a unos 950.000 beneficiarios al final de este gobierno.

Sí eso pasa, al Icetex naturalmente no le quedaría otro camino que financiar solo estudios en el exterior y posgraduales en Colombia, como cuando empezó. “Eso no va a pasar en este gobierno, ni en cuatro más, porque se necesitan muchos recursos para adecuar la infraestructura física y contratar más docentes que puedan cubrir los cupos adicionales que se abrirían en las universidades públicas”, dijo una fuente experta que no quiso revelar su nombre.

Otra de las personas que habló con CAMBIO coincide en que “no se puede apagar al Icetex de un momento a otro, esperando que con eso aparezcan, mágicamente, 70 sedes universitarias públicas nuevas, decenas de programas académicos que no tienen hoy esas universidades y el número de docentes necesarios para dictar las carreras”.

Hay un elemento más que se suma a la discusión: para los expertos, la medida rompe el principio de un estado social de derecho y democrático, que le permite a un individuo escoger dónde estudiar. Si un joven decide estudiar en la universidad privada, porque el programa en la pública no le sirve o no le gusta o simplemente no tiene la calidad que espera, él debe poder decidir, aunque le estén ofreciendo gratuidad, irse a la universidad privada. “Es allí donde el Estado debe proporcionarles a los que quieran, los recursos necesarios para que cumplan su plan de vida educativa”, dice una fuente que conoce el funcionamiento de la entidad.

En medio de esta discusión figuran los más de 60.000 jóvenes que en 2025 empezarán a estudiar y los 184.000 que esperan seguir contando con el beneficio. Así la intención del Gobierno sea centrar sus esfuerzos en la gratuidad y no beneficiar a las universidades privadas, se les debe dar una respuesta urgente y clara a los estudiantes sobre si habrá plata para sus créditos del próximo año.