La batalla por el Invima que el Gobierno de Gustavo Petro le ganó a la gran Industria

Estoy terminando un libro que narra las mil y una historias que me han sucedido a lo largo de mi carrera, donde aparecen en muchas ocasiones los encuentros, desencuentros y contradicciones entre los intereses públicos y derechos de los ciudadanos, y los intereses privados de la industria farmacéutica. Aunque los intereses lucrativos de la industria son en general legales y en muchos casos legítimos, el comercio de medicamentos y vacunas en países en desarrollo plantea graves problemas éticos y de justicia social.

He tenido que vivir muchos episodios en escenarios internacionales, en los que las contradicciones entre los intereses de la gran industria y las posturas que he defendido durante muchos años como funcionario de organizaciones públicas, como la Organización Mundial de la Salud o el Centro Sur, me han costado problemas e incluso amenazas. Luché, en el interior de la OMS, por tomar partido en el debate más difícil, y todavía inconcluso, entre los derechos de la industria (especialmente los de propiedad intelectual) y los derechos humanos, el derecho a la salud y el acceso a medicamentos. Debate que ya tiene más de 20 años, y que tendrá en los próximos días otra batalla en las discusiones sobre un tratado para futuras pandemias, en el que no podemos repetir la inadmisible inequidad en la distribución de vacunas que nos sucedió con la pandemia del covid-19.

Voy a tener que incluir un capítulo especial en mi libro sobre lo que sucedió con la nominación con la que me honró el presidente Petro, para ser el director del Invima. Hubiera sido un honor para mí y para el Centro Sur poder colaborar con el primer Gobierno de izquierda en Colombia. Pero parece que a algunos no les gustó.