Auditoría limitada a 'software' electoral: buscan que la Registraduría no exija acuerdos de confidencialidad

Antes de las elecciones regionales de octubre, en septiembre de 2023, la Registraduría empezó a aprobar las postulaciones de personas que aspiraban a ser auditores y observadores del preconteo, el escrutinio y la elección de los jurados de votación. Juan Pablo Parra, María del Pilar Sáenz y Stéphane Labarthe, tres investigadores y expertos en sistema acreditados, se sorprendieron cuando la Registraduría les dijo que tenían que firmar acuerdos de confidencialidad por la exposición a dicho software.

Así, para poder conocer el programa de escrutinio de la UT Disproel 2023, que es un contratista de la Registraduría, tenían que firmar un memorando llamado “Lineamiento para la actividad de Exposición del Código Fuente y Funcionalidad del Software de Escrutinios”, que hablaba de no divulgación de lo conocido, y luego un “compromiso de confidencialidad” también exigido a partidos y movimientos políticos, a las misiones electorales y a entes de control.

Esa confidencialidad era sobre el código fuente y “cualquier otra información confidencial a la que tenga acceso en el curso de la auditoría”. Violar ese acuerdo podría implicar sanciones por “daños y perjuicios”. Y el argumento detrás de este acuerdo es que se debían proteger los derechos a la propiedad intelectual de la contratista.