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Poder

La JEP le pide a la Fiscalía investigar presuntas 'chuzadas' en contra de sus magistrados de la Corte

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz se unieron a las denuncias sobre posibles interceptaciones ilegales a los togados y solicitaron a la Fiscalía que inicie una investigación.

Por: Carolina Calero

Mediante una misiva, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, que investigue las supuestas interceptaciones ilegales contra sus magistrados. Esta solicitud se da en medio de indagaciones por otra denuncia de interceptaciones a miembros de la Corte Constitucional.

“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación, ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos (…) así como una clara amenaza a la seguridad de los magistrados y magistradas de esta Jurisdicción”, se lee en el documento.

Según el tribunal especial, durante 2023, sus magistrados recibieron amenazas de muerte por llevar a cabo las funciones “que constitucional y legalmente les fueron asignadas”. Por lo tanto, le piden a la Fiscalía que investigue las causas que motivaron estas acciones, así como a los responsables cuanto antes debido a la gravedad de la situación.

Otros presuntos afectados por 'chuzadas' también pidieron acciones de la Fiscalía

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Crédito: Colprensa

El lunes 24 de junio, los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, expresaron su preocupación por las acusaciones del magistrado Ibáñez sobre presuntas interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilegales.

Ibáñez denunció que tanto sus comunicaciones como las de su equipo y su esposa, están siendo interceptadas por los servicios de inteligencia del Estado. Además, menciona que sus correos electrónicos y cuentas bancarias también están siendo vigilados.

Por tal razón, los presidentes de los altos tribunales firmaron un documento en el que manifiestan su rechazo y le piden celeridad a la Fiscalía en las investigaciones. En la carta indican que, de comprobarse que el magistrado está siendo interceptado, se pone "en riesgo la independencia de la Rama Judicial y se constituye en una grave afrenta a la democracia colombiana y a la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”.

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