El jugoso presupuesto que manejaría uno de los señalados cerebros del caso de la UNGRD

Uno de los políticos más cercanos al presidente Gustavo Petro, y quien está siendo investigado por la Fiscalía por el caso de la UNGRD, podría tener una abultada chequera el próximo año.

Se trata de César Manrique, actual director del Departamento Administrativo de la Función Pública, una entidad que pocos conocen, pero que en los últimos años se convirtió en la piedra angular para el funcionamiento del sector público en Colombia. La razón es que esa oficina, netamente técnica y transversal del gobierno, es la encargada de la gestión del servicio de empleo público en todo el territorio nacional. Es justamente por eso que Manrique tendrá a cargo la implementación de uno de los programas más importantes para el primer mandatario: el servicio social para la paz.

A pesar de que la Función Pública es pequeña y su presupuesto este año fue de solo 50.000 millones de pesos, la nueva tarea que le asignó el Gobierno implica que los recursos aumenten a casi 200.000 millones de pesos en la siguiente vigencia. De todas formas, las cuentas del presupuesto general de la nación no le cuadran al Gobierno y sigue el pulso con el Congreso, que no quiere ceder ni un centímetro en la aprobación de los recursos que se necesitan para financiar el Estado en 2025.

El asunto del presupuesto para la Función Pública es problemático porque en las audiencias contra Olmedo López y Sneyder Pinilla la Fiscalía dejó claro que tiene pruebas de que Manrique habría sido uno de los cerebros del escándalo de corrupción en la UNGRD.

Es decir, según el ente investigador, ya hay un indicio de que Manrique ha manejado los recursos ilícitamente, lo que despierta cuestionamientos ahora que se le multiplicarían los recursos a la entidad que dirige.

César Manrique y su vínculo con la UNGRD

El director de Función Pública ha encabezado titulares de prensa desde hace poco más de un mes, no por sus actuaciones al frente de esa entidad, sino por sus presuntos ‘pecados’ en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con la Fiscalía, el funcionario habría hecho parte de una empresa criminal que actuó entre mayo de 2023 y marzo de 2024, y en la cual también habrían estado Olmedo López y Sneyder Pinilla, hoy en la mira de las autoridades por este caso judicial.

El papel de Manrique habría sido el de facilitador para que López se reuniera con el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega. El encuentro buscaba reducir los recursos de un convenio interadministrativo entre las dos entidades.

En la práctica, lo que habría hecho Olmedo López fue gestionar, junto con su subdirector de riesgo, Luis Carlos Barreto, la devolución de 100.000 millones de pesos de ese convenio a la UNGRD para poder con esos recursos contratar con diferentes empresarios plantas desalinizadoras, jagueyes, carrotanques, entre otros, a cambio de presuntas coimas.

Cesar Manrique, director de la Función Pública, era, según la Fiscalía, el jefe político de Barreto y le habría ayudado a gestionar esa transacción beneficiándose, presuntamente, con dineros de los contratos derivados.

Según el ente investigador, Manrique “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiples órdenes de proveedurías y contratos direccionados a los empresarios a los que se les adjudicarían los recursos a cambio del pago de coimas”.

Las pruebas contra Manrique

En las audiencias contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía ha dejado claro que tiene pruebas contra César Manrique, quien sería uno de los miembros de la empresa criminal que desfalcó a la UNGRD.

Ese grupo de personas que diseñó el robo y en el que estaría el director de Función Pública, habría acordado que por la suscripción de cada uno de los contratos se pagaría una coima del 7 por ciento para López y Pinilla. Mientras que los otros, es decir, Luis Carlos Barreto y César Manrique, serían lo que estarían a cargo de manejar, escoger y pedir tajada a los contratistas.

Uno de los contratos que se suscribió gracias al traslado presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras fue el de 40 carrotanques que le compraron por 29.000 millones a la empresa Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral-Yapurutu, representada legalmente por el expolítico conservador Édgar Echeverri Toro. Ese fue uno de los pocos contratos que se alcanzó a entregar. Sin embargo, hoy la situación de todos los carrotanques es la misma: se contrataron con sobrecostos, están parqueados sin funcionar y no tienen pólizas.

En total, la Fiscalía dice que se interesaron en la entrega de siete contratos que suman más de 96.000 millones de pesos a contratistas amigos de Barreto y Manrique.

En julio de este año, Manrique publicó en sus redes sociales un comunicado en el que niega su implicación en el caso y solita a la Fiscalía que lo escuche:

🚨 #comunicadodeprensa
Ante las recientes acusaciones en mi nombre, aclaro, que no tengo ninguna responsabilidad en los hechos mencionados. 📄👇🏼 pic.twitter.com/lpg74qu3hg

— Cesar Manrique S. (@cesarmanriques) July 26, 2024

De igual forma, en agosto de 2024, los abogados de Manrique, Alberto Poveda Rodríguez y Santiago Trespalacios, emitieron un comunicado en el que rechazan los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla y afirman que la Fiscalía “está siendo engañada”.

Junto con @SoyDefensor_ asumimos la representación y defensa del doctor César A. Manrique Soacha, actual Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y, en ese sentido, presentamos el siguiente comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/cc0OH2IVy4

— Alberto Poveda R. (@AlbertoPoveda17) August 8, 2024

En el documento, los abogados dicen que Manrique “no ha intervenido, directa ni indirectamente, en ningún proceso contractual dentro de la entidad a la que pertenecían los señores López y Pinilla, ni tenía ningún interés particular en ninguna de sus operaciones contractuales”.

Manrique, el reincidente

Este no es el primer escándalo que protagoniza Manrique. Después de pasar por la Alcaldía de Bogotá, en la época de Gustavo Petro, fue investigado por comprar desde el Fondo de Vigilancia y Seguridad 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana de la ciudad que costaron 4.000 millones de pesos.

En ese momento, las autoridades lo acusaron por la presunta violación de la ley de contratación al haber entregado un contrato a dedo y sin cumplimiento de requisitos legales. Fue por eso que cuando el presidente Gustavo Petro lo nombró como director de Función Pública llovieron las criticas y las advertencias.

Aunque el funcionario logró librarse de ese caso que se cayó en el Tribunal Superior de Bogotá por violación al debido proceso, la preocupación siempre estuvo latente en los sectores de oposición al gobierno que veían a Manrique como un riesgo en la administración pública por su pasado judicial.

CAMBIO contactó a César Manrique para que diera su versión sobre la participación en el caso UNGRD y el incremento que tendrá el presupuesto de Función Pública en 2025, pero al cierre de esta edición el funcionario no ha dado respuesta.

¿Por qué Función Pública necesita más plata?

La razón de incrementar tres veces el presupuesto para Función Pública tiene que ver con la financiación que necesita el servicio social para la paz. El programa quedó reglamentado el pasado mes de agosto, cuando se expidió el decreto con el que se sientan las bases de lo que se considera la alternativa para los jóvenes entre los 18 y los 24 años que no quieran prestar el servicio militar obligatorio.

Justamente, cuando se anunció con bombos y platillos la puesta en marcha de la iniciativa, el director de Función Pública, César Manrique, dijo que era “el cumplimiento de una promesa histórica para la juventud colombiana, la cual comenzará con la etapa de ejecución, que llevará a miles de jóvenes a desarrollar actividades que contribuirán a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia”.

Para poder cumplir esa promesa se necesitarán, durante el primer año de implementación del servicio, unos 140.000 millones de pesos. Las cuentas del Gobierno indican que durante los próximos tres años se beneficiarán a 23.550 jóvenes, así: 5.000 en 2025, 7.750 en 2026 y 10.800 en 2027.

Lo anterior significa que lo planeado para Función Pública es que el próximo año se tripliquen los recursos, en el siguiente se le cuadrupliquen y el último año del programa tenga a su cargo más de 300.000 millones de pesos. Eso convierte a la entidad en una de las ganadoras en la repartición de la torta presupuestal.

En la reglamentación del programa se estableció que se podrán incorporar recursos de donaciones, cooperación internacional y del sector privado.

CAMBIO le preguntó a Función Pública sobre los detalles de este programa y por qué requieren el aumento presupuestal. Paulo Molina, director técnico de Gestión del Conocimiento, explicó que cada joven que se postule y resulte beneficiado con el servicio social para la paz, le costará al país unos 30 millones de pesos anuales.

Ese dinero, según dijo el funcionario, incluye la capacitación para que puedan trabajar, pagos mensuales equivalentes al 80 por ciento del salario mínimo, afiliación a seguridad social y un pago final, es decir, en el mes 12, de un sueldo básico que se entrega cuando el joven termine el programa.

Además, indicó que en el decreto quedó establecido que el programa sea administrativamente organizado y manejado por Función Pública, pero esa entidad deberá girar a otras que harán diferentes pagos. Por ejemplo, al Sena se le deben entregar cerca de 14.000 millones de pesos anuales para que capacite a los jóvenes.

Entre tanto, los salarios para los beneficiarios, que según Molina suman 74.000 millones de pesos, serán girados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). El resto de los recursos serán para la afiliación a riesgos laborales, para pagarles el último sueldo, para los exámenes médicos en la entrada y salida del programa, para la póliza colectiva que se deberá contratar y, finalmente, para contratar más personal en Función Pública que ayude con la coordinación de cada nuevo servidor social.

Tendrá que haber una fiscalización sobre el nuevo presupuesto de Función Pública, porque aunque la petición de aumentar el presupuesto tiene un propósito loable, genera desconfianza que quede en la caja de una entidad con un director en la lupa de las autoridades.