El exsenador Carlos Ferro le quitaba el sueldo a un trabajador de su UTL, dice la Corte Suprema: estas son las pruebas
CAMBIO revela las evidencias que tiene la Corte Suprema de Justicia en contra del exsenador Carlos Ferro Solanilla, del Partido de la U, quien va a juicio por pedirle dinero a un trabajador de su UTL. ¿Cómo se movía ese dinero? Registros bancarios y testimonios lo explican.
Los registros bancarios en poder de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia son contundentes: desde al menos el 30 de marzo de 2007 hasta agosto de 2010, Roque Julio Díaz Pinzón, un trabajador de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador del Partido de la U Carlos Ferro Solanilla sacaba el dinero recibido por su labor y la consignaba a otras personas. No se trata de una decisión autónoma de Díaz, sino del producto de un delito por el que Ferro fue llamado a juicio.
Por ejemplo, el 28 de enero de 2010, Díaz retiró 2.100.000 pesos de su cuenta y la consignó a Luis Enrique Jaramillo Quintero. La misma persona a la que en diciembre de 2009 le consignó 3 millones y a la que le siguió consignando hasta agosto de 2010. En febrero, marzo y mayo fueron 6.300.000 pesos. y en julio, 1.000.000.
Según la acusación de la Sala de Instrucción, que ya está en firme, estos registros son esenciales, junto al testimonio del mismo afectado, para demostrar que la vinculación de Roque Díaz a la UTL fue condicionada por Ferro Solanilla: él obtenía las cotizaciones para la pensión de jubilación a cambio de entregar el dinero a terceros. El nombramiento se hizo mediante la resolución 6296 del 30 de mayo de 2007 y los comprobantes bancarios confirmaron que las consignaciones se hacían a Jaramillo, familia de Jaime Jaramillo, quien también trabajaba en la UTL de Ferro, así como a Diana Galeano.
La acusación señala que Roque Díaz debía entregar por completo su salario y que luego de la muerte de su hermano, Ferro “le permitió” quedarse con 1.000.000 de pesos de ese salario. Todo esto, dijo el hombre, era para poder terminar sus semanas de cotización. Es decir, porque se encontraba en una situación de necesidad. Díaz dijo que aceptó la vinculación en la UTL por gestión de su hermano, quien era amigo de Ferro. Incluso, Díaz confirmó que nunca fue al Congreso y Ferro aceptó la relación de amistad con los Díaz, aunque negó haber cometido delito.
“Él me daba el nombre, me daba los nombres, y la cuenta del número de la consignación para yo hacer esos depósitos”, declaró Díaz.
“De las referidas probanzas emerge además que la solicitud de entrega del dinero que efectuó de repetida a Díaz Pinzón, se produjo aprovechando el aforado la condición en la cual se encontraba este último, signada por la necesidad de cumplir con las semanas de cotización para acceder a su pensión de vejez, y por ende que se efectuaran desde el Congreso de la Republica los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social. Tal circunstancia excluía cualquier posibilidad real para que Díaz Pinzón negociara el leonino pacto de devolver su salario al imputado, ante la ausencia material de voluntad libre en este, para manifestar alguna discrepancia frente a la pretensión del inculpado”, señala el documento de 80 páginas en poder de CAMBIO.
La solicitud de entrega del dinero que efectuó de repetida a Díaz Pinzón, se produjo aprovechando el aforado la condición en la cual se encontraba este último, signada por la necesidad de cumplir con las semanas de cotización para acceder a su pensión de vejez
Hay que dejar en claro una cosa: que la persona haya “aceptado” esas condiciones no exculpa a Ferro ni hace que su comportamiento sea justificable, sino que se trató de un plan criminal. De hecho, la Sala de Instrucción le da plena validez al testimonio de Díaz, así como el de Leonor Serrano de Camargo, excongresista y exgobernadora, quien conoció a Ferro desde pequeño y le dio el cargo de secretario de Gobierno y luego la reemplazó en el Senado cuando ella renunció al cargo.
Serrano le dijo a la Corte que “se vio obligada a alejarse y retirarle su amistad” por manejos relacionados con el personal de la UTL y agregó que Jaime Andrés Jaramillo era “como el cajero” de la UTL. Aunque Ferro y su defensa estiman que todo esto es una retaliación política en su contra de parte de Díaz y de Serrano de Camargo, la Sala desestimó esos argumentos indicando que además de los testimonios, las consignaciones dan cuenta de que la exigencia de dinero sí existió.
“Así, el contenido del extracto del banco BBVA, de la cuenta cuyo titular es Roque Julio Diaz Pinzón, al apreciarlo junto con las dos tirillas que este entregó a funcionarios de Policía Judicial, que corresponden a consignaciones que el mencionado efectuó al banco Bancolombia, (…) permite concluir que el 26 de mayo de 2010, Roque Julio Díaz Pinzón recibió un abono de nómina por un valor de 3.263.550 pesos y al día siguiente, realizó un retiro por la suma de 2.100.000 pesos, datos que coinciden con el monto consignado por Díaz Pinzón en la misma fecha a la cuenta Bancolombia a nombre de Luis Jaramillo Quintero”, dijo la Corte.
Los documentos en poder de la Sala de Instrucción indican igualmente que, desde abril de 2009, el monto de las consignaciones se redujo por el acuerdo de Ferro de “permitirle” a Díaz quedarse con una parte del dinero.
Ferro Solanilla fue acusado por la presunta comisión del delito de concusión. La determinación apunta a que las solicitudes de dinero constituyen un abuso de su cargo como senador, para aprovecharse de la situación personal de Roque Díaz con el propósito de obtener un beneficio económico. Se trató, además, de una conducta que implicó una pluralidad de “actos gobernados por una misma finalidad o designio criminal” durante más de tres años.
La acusación señala que Ferro “creó un riesgo jurídicamente desaprobado para este bien, que se concretó en un resultado que deriva de la afectación a la funcionalidad de la Administración Pública, tras la lesión del principio de moralidad, como uno de los postulados que se erigen en un principio para el actuar de los servidores públicos, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política”. Además, se tuvo en cuenta que el exsenador es abogado y comunicador social, especialista en planificación y desarrollo regional y con experiencia previa en el Congreso.
Ferro deberá defenderse en juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
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