“El reconocimiento de Torres Escalante sobre falsos positivos es significativo, pero debe ampliarlo”: magistrado de la JEP

El caso del general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército, quien reconoció su responsabilidad en 318 falsos positivos en Casanare, irá al Tribunal para la Paz para que le emitan sanciones restaurativas. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que el general ha hecho un reconocimiento que, si bien tiene inconsistencias y deficiencias, es considerado significativo para el proceso. 

En diálogo con CAMBIO, el magistrado de la JEP Óscar Parra Vera advirtió que Torres debe seguir ampliando su reconocimiento. Al tiempo, explicó los hallazgos de la decisión que involucra a 18 militares más, incluido el teniente coronel (r) Henry Acosta Pardo, que comandó el Batallón de Infantería 44 Ramón Nonato Pérez (Birno 44); y a Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare, quienes admitieron haber sofisticado aún más un aparato dedicado a asesinar a civiles inocentes

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CAMBIO: ¿Por qué se determinó que Torres Escalante sí reconoció su responsabilidad? 

Óscar Parra: Quiero que veamos su reconocimiento desde lo que se le imputó. La Sala había concluido que él había instrumentalizado su cargo como comandante para moldear y dirigir una organización criminal que respondiera a las constantes exigencias de muertos en combate que le hacían sus superiores. Usó expresiones que presionaban a sus hombres, impuso competencias entre sus unidades, proporcionó medios y estrategias para hacer más efectiva la presentación y el encubrimiento de estos hechos. También aprovechó que tenía mando sobre unos grupos especiales para obtener resultados ficticios contra campesinos y personas de los pueblos que fueron perseguidas por la brigada.

Torres Escalante reconoció la mayoría de estas participaciones, pero al comienzo lo negaba todo. Posteriormente reconoció una posible omisión de su control. Luego, lo imputamos por autoría mediata en un aparato organizado de poder, una responsabilidad por acción. Ya con el proceso restaurativo él se reconoció como líder de esta organización criminal. Dijo que usaba expresiones tan macabras como que “un bandido con un radio ya es objetivo militar”. Pero el reconocimiento tiene desafíos en opinión de la Sala.

CAMBIO: ¿Por qué?

O.P.: Las partes pusieron reparos contra su reconocimiento y la Sala comparte algunos. Torres tiende a negar que él haya instrumentalizado a los grupos especiales Delta y niega que intervino en el Gaula y en el Birno para que asesinaran personas. No obstante, reconoce algunos aportes de forma aislada, pretendiendo que se vean de forma fragmentaria, cuando precisamente eso demuestra la veracidad de su rol en aquello que pretende negar.

Un ejemplo sería con los grupos especiales Delta. Él dice que en realidad los asesinatos responden a que los tenientes que comandaban estos grupos querían congraciarse con él y que no era una orden directa de asesinar. Pero, a renglón seguido, reconoce que recibió reportes de personas asesinadas sin armas o con armas defectuosas y que él les decía a sus tropas “miren cómo arreglan”. Admite que pidió en una ocasión al director del DAS enviarle un informe falso que señalara a algunas víctimas de pertenecer a la guerrilla para encubrir un hecho y que usaba expresiones que privilegiaban la presentación de muertes en combate sobre otro tipo de resultado. Las acciones que él reconoce dan muestra de que, cada vez que lanzaba una operación con un grupo Delta, esperaba el reporte de una baja en combate y estaba presto a tramitar las actuaciones de encubrimiento.

CAMBIO: ¿Pasó lo mismo con otras unidades?

O.P.: Otro ejemplo sería con los batallones y el Gaula. Torres reitera que estas unidades tenían una autonomía operacional y su responsabilidad fue no haber hecho controles como comandante de brigada. La Sala no desconoce el rol protagónico de los comandantes de batallón, y por eso Acosta y Soto están respondiendo también, pero Torres admite haber conocido denuncias de ejecuciones extrajudiciales y, aun así, haber presionado para la presentación de bajas. Reconoció haber presentado informantes –que finalmente fueron reclutadores de víctimas– a las unidades e, inclusive, haber amenazado con un traslado al capitán Jaime Rivera Mahecha en una oportunidad que quedó como comandante encargado del Gaula porque no le quería presentar bajas. 

Por esta razón, la Sala considera que estas inconsistencias y deficiencias no tienen una importancia tal que obligue a decir que Torres no está reconociendo. La Sala ha visto que, a partir de la imputación, Torres ha hecho aportes que redundan en un reconocimiento de que él estuvo en la cabeza de un aparato criminal. Además, el señor Torres intentó explicar la razón de actuar en ese momento: manifestó haberse dejado llevar por la soberbia, haberse enceguecido por los resultados y la promesa de alcanzar los máximos niveles de su carrera militar.

Torres ha hecho aportes que redundan en un reconocimiento de que él estuvo en la cabeza de un aparato criminal que desvió la misionalidad del Ejército y asesinó a casi dos centenares de personas en Casanare.

CAMBIO: Es decir: aunque el reconocimiento de Torres no es suficiente, sí es una admisión del rol que tuvo. Pero una cosa es que la Sala pueda explicar con los hallazgos lo que hizo y otra que él acepte ese rol. ¿No debería ser un reconocimiento pleno de su parte?

O.P.: En efecto, sí es un reconocimiento sobre el rol esencial que tuvo. Si bien existen debates en torno al alcance del reconocimiento, cabe resaltar que este es progresivo y que sus deficiencias son menores en comparación con lo que se ha reconocido. Es decir que la Sala considera que el reconocimiento del general Torres es un aporte significativo, pero debe seguirlo ampliando. 

Consideramos que ante el Tribunal para la Paz y en el proceso de implementación de Sentencias Restaurativas debe surgir un mayor nivel de reconocimiento. Asimismo, la decisión que adopte el Ministerio de Defensa respecto al retiro de medallas debe ser una oportunidad para profundizar en el reconocimiento. También es relevante señalar que el Tribunal para la Paz volverá a analizar a detalle el rol de cada máximo responsable, así que puede ocurrir que esa instancia llegue a una visión diferente. 

CAMBIO:  ¿Cuál fue el rol del teniente coronel Acosta Pardo del Batallón de Infantería 44 ‘Ramón Nonato Pérez’?

O.P.: Acosta Pardo fue comandante del Birno 44 entre diciembre de 2006 y junio de 2008. Si bien antes de su llegada al Birno ya se venía gestando este patrón de macrocriminalidad, durante su comandancia las bajas ilegítimas tuvieron un aumento drástico: pasaron de 28 a 75 muertes, lo cual da cuenta de la magnitud que alcanzó la estructura criminal que él alimentó, robusteció, fortaleció y perfeccionó. Mientras Acosta fue comandante se consolidó una forma de operar para presentar las bajas ilegítimas por medio de la selección de víctimas en estado de indefensión, por medio de engaños y otros artilugios para llevarlas al sitio dónde serían asesinadas. 

Acosta Pardo creó y consolidó grupos especiales cuya principal finalidad era la presentar bajas en combate. Impartió órdenes para cometer estos asesinatos, dispuso de material, personal y capacidades de su plana mayor para la realización de la conducta. Creó mecanismos de presiones e incentivos (viajes al exterior, calificación folio de vida, cursos) para premiar o castigar la falta de resultados. Ordenó archivar investigaciones administrativas. Incentivó la producción de documentación falsa. Planeamiento, ejecución y encubrimiento, todo se dio bajo el control y beneplácito de Acosta Pardo.

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CAMBIO: ¿Qué se encontró sobre Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare entre junio y octubre de 2007?

O.P.: Durante este periodo, el Gaula Casanare reportó 83 personas como bajas en 60 operaciones. La sala determinó que 59 de estos resultados, esto es el 98,3 por ciento, eran realmente ilegítimos y que fueron asesinadas 82 personas (80 hombres y 2 mujeres). De estas 82 víctimas, 49 fueron presentadas como NN. Esto muestra la tendencia que existía dentro de las unidades de desaparecer la identidad de las víctimas para generar impunidad y poder continuar con el aparato en funcionamiento.

Soto Bracamonte tenía el control sobre la suborganización criminal enquistada al interior del Grupo Gaula. Durante su comandancia se continúa la práctica de asesinatos en su primera modalidad (de personas en operativos que inicialmente sí eran legales), que ya venía bajo la comandancia del coronel Wilson Camargo Tamayo, pero se consolida una nueva modalidad: la de engañar mediante el uso de reclutadores que servían como informantes de la unidad. Soto Bracamonte coordinaba las labores de información. Una vez seleccionadas las víctimas, disponía la tropa bajo su mando para ejecutar la conducta. Luego del asesinato, ordenaba adelantar todas las acciones para el encubrimiento de hechos como la firma de documentación falsa y la obtención y entrega de material puesto a las víctimas. Se valió de los rubros de gastos reservados con los que contaba, más de 150 millones de pesos de la época, que fueron desviados, para garantizar la continuidad de la práctica. También amenazaba a quienes se negaran a participar de la práctica. Si decidían no cumplir, ordenaba su traslado.

CAMBIO: Me llama la atención que se hizo una imputación por los crímenes de guerra de tortura y tratos crueles. ¿Qué eventos específicos llevaron a esta decisión? 

O.P.: La Sala había observado, en 2022, que existían algunas manifestaciones de comparecientes y familiares sobre la existencia de golpes a las víctimas antes de su muerte. La Sala se encontró con varias dificultades: que en algunos casos no existía prueba de estos golpes; que no había una cantidad significativa de hechos que permitiera hablar de una conducta generalizada en la Brigada XVI o en algunos de los batallones; y, por último, que es muy difícil distinguir el sufrimiento que se genera con la misma retención y el homicidio, del que se penaliza con la tortura y los tratos crueles, pues, recordemos, esta práctica se caracterizó por ser extremadamente violenta. En su momento no imputamos tortura.

Pero, ¿qué vimos en el proceso restaurativo, sobre todo en la Audiencia de Reconocimiento (de 2023)? Por un lado, familiares de víctimas nos insistieron en la necesidad de que viéramos los sufrimientos físicos y psíquicos que se habían cometido y los distinguiéramos de aquellos que provocan la muerte. El Ministerio Público apoyó a las víctimas y resaltó la necesidad de valorar nuevamente las pruebas. Y, por último, encontramos a comparecientes que empezaron a reconocer que cometieron una violencia excesiva sobre algunas de sus víctimas.

Tras una nueva valoración, reiteramos que no fue una práctica generalizada, pero evidenciamos que exintegrantes de la Brigada XVI redujeron la capacidad de las personas para defenderse, pedir socorro o huir, para lo cual recurrieron a distintas estrategias y, en algunos casos, ejercieron una violencia que sobrepasa toda condición de humanidad sobre las víctimas –si es que de alguna forma puede hablarse de humanidad después del homicidio– 

Encontramos que se cometieron interrogatorios tortuosos a personas que eran señaladas de colaborar con la guerrilla, retenciones muy prolongadas en condiciones de total aislamiento y en sitios indignantes, desnudez forzada de una trabajadora sexual y golpizas.

CAMBIO: El subcaso Casanare ha sido muy difícil. Algunas víctimas han manifestado activamente su desacuerdo con el proceso. La audiencia de reconocimiento fue muy álgida. Las víctimas hicieron un documental llamado Siembras de Impunidad diciendo que la verdad “se ha convertido en mercancía”. ¿Cuál es su valoración hoy? 

O.P.: El proceso no estuvo exento de tensiones y fracturas. El despacho recibió comunicaciones de algunas víctimas expresando su desazón y descontento. También escuchamos esta desazón de viva voz en los encuentros directos en Yopal en 2024. En uno de los momentos más críticos del proceso, algunas víctimas expresaron incluso su determinación de retirarse de la JEP. Para fortuna del proceso, estas víctimas y sus visiones críticas continúan enriqueciendo los espacios de diálogo y participación. 

Algunas de esas tensiones y fracturas tuvieron resonancia pública. Al mismo tiempo, se produjo y se proyectó el documental, que expone una visión crítica del modelo de justicia restaurativa de la JEP, que es protagonizado y divulgado por víctimas de este subcaso.

El proceso que la Sala puso en marcha en 2022 es una fuente de aprendizajes sobre los retos, aciertos y dificultades de implementar un modelo de justicia transicional restaurativa. Los debates seguirán. Pero es bueno indicar que al comienzo eran cerca de 20 víctimas participando y hoy son cerca de 610. Incluso, la Asociación Casa Paz es un gran ejemplo del potencial del proceso ante la JEP como espacio de encuentro entre tantas víctimas que han sufrido violencia, estigmatización, desplazamiento, impunidad. 

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CAMBIO: ¿Ya se han hecho entregas dignas de varias personas que estaban desaparecidas?

O.P.: Hemos logrado ya ocho entregas y están próximas a realizarse cuatro más. Quisiera referirme a tres casos. Uno, es el del joven José Albeiro Vargas Achagua, quien estaba desaparecido. Por el relato de Soto Bracamonte y una documentación que este entregó en el encuentro privado entre víctimas y comparecientes, supieron, 18 años después, que a su familiar lo asesinaron y presentaron como baja en combate. Sin perjuicio del dolor que una noticia de estas genera, este acto en el proceso de la JEP permitió develar por fin la verdad de lo ocurrido.

Otro caso es el de Olimpo Hernando Tinjacá, un trabajador de campo, que se dedicaba a la instalación de cercas y vallas, y era músico y deportista. Él fue llevado a la fuerza al lugar donde sería asesinado. Allá fue retenido por varios días, amenazado, intimidado, obligado a cambiarse de ropa y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Fue por las labores de indagación que llevó a cabo la JEP, que los familiares pudieron saber por fin todo lo que había sucedido, confirmando, entre otras, que siempre lo tuvieron que doblegar, pues era alguien fuerte y aguerrido que no se dejaría someter tan fácilmente (incluso alcanzó a saltar del carro donde lo llevaban). El caso de Olimpo fue uno de los que se imputó por tratos crueles, inhumanos y degradantes; y gracias a la labor interinstitucional fue posible ubicar y entregar finalmente su cuerpo, pues, a pesar de conocerse su identidad, fue enterrado como N.N.

Por último, Elder Aponte Tumay, un caso que enfrentó varios desafíos como que los familiares se tuvieran que enfrentar en un momento a una tumba vacía. Por una información aportada por un compareciente, se comprobó que el cuerpo había sido trasladado de lugar y por las labores de búsqueda se logró encontrar el cuerpo, y entregarlo a su familia para que le dieran santa sepultura.