¿Por qué el Consejo de Estado negó demanda de pérdida de investidura contra David Racero?

El Consejo de Estado rechazó una de las tres demandas de pérdida de investidura que enfrenta el representante a la Cámara por Bogotá, David Racero. El caso revisado por el alto tribunal se inició tras una serie de denuncias en las que el congresista de la bancada de Gobierno fue acusado por presuntas irregularidades durante el desarrollo de sus funciones.

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En mayo pasado, los abogados Samuel Ortiz y Lucas Durán presentaron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo una demanda en la que solicitaban la ‘muerte política’ del representante del Pacto Histórico. Según ellos, el alto tribunal debía retirar a Racero de su cargo por violar causales de inhabilidad e incumplir sus deberes en el legislativo.

El caso comenzó en septiembre de 2024, luego de una serie de mensajes entre el representante y el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño, en los que intercambiaban posiciones sobre una supuesta cooperación mutua para acceder a puestos al interior de la institución y promover nombramientos en diferentes sedes regionales.

Los chats y audios revelados motivaron la denuncia que originó la investigación de la Corte Suprema de Justicia, que se centró en determinar si el congresista incurrió en prácticas irregulares relacionadas con clientelismo y tráfico de influencias. Sin embargo, Racero rechazó su participación en los hechos y calificó como infundadas las acusaciones en su contra.

Las pruebas presentadas en el caso contra David Racero

En uno de los chats considerados en el desarrollo del proceso, Racero cuestionaba al director del Sena sobre la posibilidad de acceder a cargos disponibles en la institución en sus sedes en el departamento del Cesar. Según los mensajes, un familiar del congresista sería el encargado de mediar en el proceso de asignación de puestos.

Los abogados que interpusieron la acción legal presentaron grabaciones de audio sobre el funcionamiento de la presunta operación clientelista en la que se planteaba que el tío del congresista, José Luis Mayorca, hablaría con el director regional del Sena para completar la asignación de los puestos públicos en los que estarían interesados.

“Por ahora, la idea es colocar encargado esos cargos, sacar los que están en ese momento y poner los nuestros ¿Vale? Entonces necesitamos una persona que ya esté dentro del Sena. Obviamente de la causa, que tú conozcas y que se le mida a ser subdirector de alguno de los Sena”, dice Racero en una de las grabaciones conocidas.

Los juristas Ortiz y Durán también presentaron audios en los que el tío del representante discutía sobre la selección de las personas que podrían llegar a los cargos regionales. “Déjame busco. Sin embargo, gente con el perfil no es tan fácil. Sobre todo, que esté, que haga parte de la planta y la nómina”, dice Mayorga.

Las razones por las que el Consejo de Estado negó la demanda

El pasado 8 de octubre, la Procuraduría presentó un concepto en el proceso contra Racero en el que solicitó descartar la pérdida de investidura solicitada por los accionantes tras considerar que los hechos expuestos carecen de relación con la hipótesis de tráfico de influencias. Para el Ministerio Público, en el proceso no se probó de forma inequívoca la existencia de prácticas realizadas por el congresista en favor de un tercero.

El Consejo de Estado, por su parte, determinó este 5 de noviembre que los audios y mensajes de WhatsApp carecían de los requisitos de legalidad y autenticidad para ser considerados en el proceso. En ese sentido, pidió excluir los elementos centrales en el caso al considerar que no fue posible verificar su integridad como soporte probatorio.

En la más reciente audiencia del caso, el alto tribunal detalló que las grabaciones no fueron autorizadas por los interlocutores y cuestionó su capacidad para demostrar prácticas clientelistas en la entidad. Con esa decisión, el magistrado Jorge Iván Duque decidió negar la solicitud de pérdida de investidura que buscaba impedir la continuidad de Racero en el cargo.

El representante a la Cámara por Bogotá ahora tendrá que enfrentar sus procesos en curso por el caso del Fruver, en el que se investiga si ordenó supuestas consignaciones a las cuentas bancarias de miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo para desempeñar funciones en un negocio familiar, que no tenía relación con su trabajo en el Congreso.