
“No es fácil la relación con el Gobierno del presidente Petro”: Iris Marín
La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz
En entrevista con CAMBIO, la defensora del pueblo revela que, a pesar de sus esfuerzos, no tiene canales de comunicación fluidos con las diferentes carteras y que el diálogo con algunos ministros es “prácticamente nulo”. Además, muestra su desconcierto por el tijeretazo al presupuesto de la entidad, que califica como una “decisión política”. ¿Le están cobrando su posición crítica?
Por: Armando Neira
La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz (Bogotá, 1977), es actualmente una de las mujeres más influyentes en la estructura del Estado colombiano. Abogada constitucionalista de la Universidad del Rosario; ha trabajado en la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad para las Víctimas. Emite casi a diario alertas fundamentadas sobre la situación del país. La más reciente fue una cruda radiografía sobre las dificultades para acceder a los medicamentos. Con voz suave pero firme, modales respetuosos y argumentos sólidos, la defensora habló con CAMBIO.
CAMBIO: Del informe sobre la crisis de medicamentos que usted acaba de publicar, ¿qué es, a su juicio, lo más delicado y preocupante?
Iris Marín: La regresividad en la garantía del derecho a la salud, particularmente en lo relacionado con el acceso a los medicamentos. Hay un deterioro evidente con un efecto adicional: el empobrecimiento de la gente, especialmente de personas con protección constitucional reforzada y que viven en territorios periféricos, pues no tienen la misma capacidad de acceder a los medicamentos por sus propios medios.
CAMBIO: Pero hay existencias de medicamentos…
I.M.: Mientras el mercado farmacéutico crece, el acceso de la población a los medicamentos disminuye. El problema no es de desabastecimiento, sino de falta de disponibilidad dentro del canal institucional del sistema de seguridad social. Se ha distorsionado la cadena comercial y logística en beneficio del canal privado y de los intereses comerciales, por encima de la salud pública y del acceso a estos productos.
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