Consejo Nacional Electoral: la disputa de poder por el nuevo magistrado agita la investigación contra la campaña de Petro

En las pesadillas del presidente Petro el Consejo Nacional Electoral (CNE) aparece con frecuencia. Esa corporación es la que más ha avanzado en decisiones contra la campaña del mandatario en 2022 por supuesta violación de los topes de financiamiento, algo que para el mandatario se constituye como un “golpe de Estado”. Sin embargo, en las próximas semanas el panorama para Petro puede pasar de desolador a esperanzador, siempre y cuando se muevan las fichas correctas en el tablero.

Con un escándalo de presunto acoso sexual a cuestas, César Lorduy renunció a su curul como magistrado del CNE el año pasado. La salida se confirmó el pasado 5 de marzo, cuando el Congreso aceptó la dimisión bajo agudas críticas de sectores feministas. Lorduy -que aspiraría al Senado en 2026 por Cambio Radical- hacía parte del bloque de seis magistrados que votaron a favor de formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por ello, quien llegue a reemplazarlo puede mantener el bloque de seis o fortalecer el ala cercana al Gobierno y evitar que se configure una mayoría.

La carrera por la novena curul

A diferencia de otras corporaciones que tienen magistrados, los integrantes del CNE son elegidos por un proceso mayoritariamente político. El Congreso en pleno hace la escogencia a través de la votación de listas concertadas entre los partidos. Por ejemplo, en agosto de 2022, la mayoría de los partidos presentaron una plancha de nueve nombres. La idea era tener los votos suficientes para cubrir los nueve puestos del CNE. Sin embargo, los votos solo alcanzaron para ocho curules, pues se sigue el mecanismo de cifra repartidora.

El noveno magistrado (Álvaro Hernán Prada) se eligió de una plancha aparte que armó el Centro Democrático y la Liga de Gobernantes contra la Corrupción. Esta forma de elección ha hecho poco predecible el nombre de quién reemplazará a César Lorduy. Por un lado, los sectores cercanos al Gobierno impulsaron la idea de que el elegido tenía que ser el noveno nombre que se quedó por fuera de la plancha mayoritaria de 2022. En este caso, se trata de Álvaro Echeverry Londoño, abogado caldense cercano al petrismo, actual director de Consulta Previa del Ministerio del Interior e investigado por presuntas irregularidades en un contrato con Telecafé.

Desde diciembre pasado y a través de varias comunicaciones enviadas al Congreso, Echeverry insistió en que era el reemplazo natural de Lorduy y no debía mediar un proceso de elección. De hecho, su argumento es idéntico que presentó en 2019 por el jurista Hollman Ibañez, quien intentó entrar al CNE tras la muerte del magistrado Heriberto Sanabria.

En ese momento, la Sala Civil del Consejo de Estado emitió un concepto en el cual se explica que el procedimiento a seguir es una nueva elección en la que se presente una lista con los mismos candidatos propuestos por la coalición de partidos o unos nuevos.

“Para la postulación de los candidatos, la coalición respectiva o, en su defecto, los partidos y movimientos políticos que la integraban se encuentran en la libertad de acogerse a la misma lista que en su momento presentaron, de reconfigurarla, total o parcialmente, o de presentar nuevos candidatos, pues ni la Constitución ni la ley establecen restricciones en este punto”, dice el concepto del Consejo de Estado.

En otras palabras, los partidos están en libertad de postular nuevos nombres y no respetar a rajatabla el acuerdo de 2022. Además, el concepto también indica que la nueva elección se hará por mayoría simple y no con el complejo mecanismo de la cifra repartidora.

Ese camino ya fue confirmado por la mesa directiva del Congreso, la cual publicó el 11 de marzo el cronograma de la elección. Si todo se acoge a las fechas, el próximo 8 de abril se conocerá el nombre del nuevo magistrado del CNE.

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En ese orden de ideas, todo apunta a que el Pacto Histórico le apostaría a la candidatura de Echeverry en alianza con sectores cercanos, como una parte de los verdes, algunos liberales, conservadores y las curules de paz. El Gobierno ya demostró tener fuerza en la Cámara, pero serias dificultades en el Senado.

“El Gobierno tiene que moverse rápido para armar una coalición decente. Pero en el Senado es cada vez más difícil; no son los pequeños de la Cámara”, dijo un senador liberal. Otro congresista del petrismo afirmó que esta será la verdadera prueba de fuego para Armando Benedetti.

Por su parte, Cambio Radical evalúa a quién proponer para armar un bloque prometedor en Senado y Cámara. Para ello, necesitan convencer a la mayoría de independientes, como los conservadores, La U, liberales, cristianos y un sector verde. A su favor tienen el caramelo de mantener las mayorías contra la campaña de Petro en el CNE, pero en su contra está la repartija burocrática a la que le ha apostado el Gobierno.

Los conservadores mantuvieron su cuota en el Ministerio de Deporte, La U en el Ministerio de las TIC y a los liberales les prometieron el Ministerio de Comercio. Eso sin contar otros cargos de mediano rango que siguen en poder de esas colectividades.

Por otro lado, el nombre de Darío Castro Uribe ya ronda los pasillos del Congreso como el candidato que podría acercar a los independientes con el Gobierno. Castro trabajó con Alexander Vega -codirector de La U- como secretario general de la Registraduría. Su rol fue clave en el trámite del Código Electoral en 2023, pues se encargó de las conversaciones directas con congresistas de casi todas las bancadas.

Hasta el momento, Castro es fuerte en La U y los conservadores y dependerá de la estrategia que fije el ministro Benedetti si se convierte en la ficha a la que le apueste la Casa de Nariño. Algunos parlamentarios señalan que el abogado podría ser una especie de Gregorio Eljach, es decir, un nombre pragmático para evitar la derrota.

Lo que viene para la campaña de Petro

La carrera que empieza por el puesto que dejó Lorduy coincide con los nuevos pasos en la investigación que está activa en el CNE. El pasado 10 de marzo se conoció que ese organismo citó a declarar a diez personas relacionadas con la campaña presidencial de Petro en 2022. Entre ellas están:

• Aida Avella, senadora de la Unión Patriótica.
• Cristian Álvarez, gerente de la campaña en Bogotá.
• Dagoberto Quiroga, exrepresentante legal de la Colombia Humana.
• Henry Velandia, presidente de Fecode.
• Henry Jara, representante legal de la Unión Sindical Obrera (USO).

También se pidieron explicaciones adicionales a la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) sobre los vuelos durante la campaña hechos por la avioneta con matrícula HK 5328 “con el objeto de evidenciar si hay alguno que no tenga relación con esta”.

Esta nueva recolección de pruebas hace parte de la fase de investigación que se aprobó en octubre del año pasado. Es decir, aún no se ha decretado la violación de topes de la campaña pues falta agotar la etapa de investigación, así como la presentación de los argumentos de la defensa del presidente Petro y los demás involucrados.

Se estima que en el segundo semestre de este año se llegue a la fase definitiva en la que la sala plena del CNE decidirá si finalmente la campaña Petro Presidente en 2022 violó los topes. En ese caso se impondrán las sanciones administrativas correspondientes y el expediente se remitirá a la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía.

Por ello, ese noveno voto que dejó huérfano César Lorduy es clave para atajar ese escenario o garantizar un episodio inédito en la historia de Colombia.