¿Víctimas sin respuestas? El drama por los casos de ‘falsos positivos’ que no fueron priorizados en la JEP

Hace seis años, el sargento viceprimero Julio Valencia Correa recibió el beneficio de la libertad transitoria por acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A la fecha, la familia de dos de sus víctimas sigue sin conocer el compromiso de verdad que el uniformado entregó. Valencia fue condenado por la justicia ordinaria junto con otros militares de la Compañía Danta del Batallón de Infantería 41 de Cimitarra, Santander, por las ejecuciones extrajudiciales de Deiby Pisa, de apenas 15 años, y de Jonás Ariza, perpetradas el 16 de mayo de 2006.

Como cada mamá, como cada papá, como cada abuelo, la familia de los dos jóvenes luchó por justicia y celebró la decisión que identificó que el Ejército -el encargado de defender a la población- hizo un montaje en zona rural del municipio de Bolívar en Santander para presentarlos como supuestos integrantes del Frente 23 de las Farc. La puesta en marcha de la JEP, tras la firma del acuerdo de paz, y del macrocaso 03 relativo a las ejecuciones extrajudiciales, representó dudas al comienzo, pero también una posibilidad de hallar la respuesta a la temida pregunta: ¿quién dio la orden? “¿Quiénes permitieron que casos de este tipo se dieran en todo el país? ¿Quién mató a mi muchacho? ¿Por qué a él?”, preguntan.

La justicia transicional no está pensada para abarcar cada caso, sino para hallar patrones macrocriminales y resolver lo grueso del conflicto. Por eso, la realidad para la familia de Deiby y Jonás fue otra: Santander no hace parte de los casos priorizados en el macrocaso 03. Como se sabe, desde 2021 la JEP priorizó regiones, unidades militares y periodos de tiempo específicos que, según su análisis, evidenciaban la masividad del fenómeno: 6.402 víctimas concentradas entre 2002 y 2008, especialmente en diez departamentos, de los cuales se crearon los subcasos de Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.