Corte falla a favor de menor de 12 años y señala que cabildos indígenas deben tener protocolo para atender casos de violencia sexual

Una tragedia horrorosa: en octubre de 2022, una menor de 12 años, integrante del Resguardo Indígena de Jebalá, ubicado entre Totoro y Cajibío, en el Cauca, fue violada por su padrastro. Cuando su mamá notó que la niña estaba embarazada, la llevó al médico a recibir atención y solicitó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ya que el abuso hace parte de las causales que lo permiten.

La Institución Prestadora de Servicios (IPS) le dijo que no, y que solo lo hacía si el resguardo indígena lo autorizaba, y este lo negó. Mientras el cabildo avanzaba en su investigación, la niña embarazada, sus dos hermanas y su mamá ingresaron a un centro médico para evitar regresar al hogar. Solo volvieron en septiembre de 2023, tres meses después del nacimiento de la bebé, obligadas porque dependían económicamente del agresor.

Las mujeres se vieron obligadas a vivir con el hombre hasta cuando, por resultados de la prueba de ADN practicada en febrero de 2024, se ordenó la captura del padrastro. Entre tanto, la mamá de la menor interpuso una tutela buscando justicia y atención que llegó hasta la Corte Constitucional.