Caso ‘Las marionetas’: Corte Suprema otorga libertad al exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad inmediata del exsenador Ciro Alejandro Ramírez, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota desde diciembre de 2023. El excongresista es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con contratos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Según el tribunal, la medida de aseguramiento, impuesta por la Sala de Instrucción, “cumplió el fin para el cual fue impuesta”, que era “evitar la obstrucción al proceso”, pues en la actual fase de la investigación no le será posible influir en los testimonios, dado que todos ya fueron practicados.

“En ese contexto, y a juicio de esta corporación, lo que se observa es que el pronóstico formulado por la Sala de Instrucción en relación con la posibilidad de que la libertad del aforado pueda poner en riesgo el recaudo probatorio ha cesado”, dice el documento.

Además, la Sala no observó circunstancias que sugieran que Ramírez constituye un peligro para la comunidad, que no vaya a comparecer al proceso, que evada el cumplimiento de la ejecución de la pena, o continúe con la actividad delictual.

La decisión se da luego de que, a mediados de enero, la Sala de Primera Instancia negara un pedido de revocatoria de la medida de aseguramiento que había elevado la defensa del exsenador, pues este ya había intentado ponerse en contacto con testigos que van a declarar en su caso.

¿De qué es acusado el exsenador Ciro Ramírez?

En octubre de 2021, Ciro Ramírez se habría reunido con César Herrera Correa, gerente de la empresa para el desarrollo territorial Proyecta, y Pierre Eugenio García Jacquier, exsubdirector del DPS, para discutir la posibilidad de suscribir un contrato de gerencia integral entre la entidad pública y Proyecta con el fin de favorecer los intereses electorales y económicos del entonces congresista.

Semanas después de dicho encuentro, se firmó el convenio 670 de 2021 entre el DPS y la empresa por un valor de 48.660 millones de pesos. De dicho convenio se derivaron otros 13 contratos que, según las investigaciones, Ramírez habría acordado direccionar con Herrera y García para favorecer a terceros. Su valor sumó más de 24.000 millones de pesos.

Con estos contratos, el entramado habría buscado afianzar el proyecto político de Ramírez en los departamentos de Quindío, Caldas, Santander y Tolima, además del presunto pago de dádivas que ascenderían a 1.000 millones de pesos.

Por estos hechos, que están siendo investigados, Ramírez es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, autor del delito de peculado por apropiación y determinador en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.