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Iván Name y Andrés Calle se encuentran detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá. Se les investiga por un presunto soborno por el que habrían apoyado iniciativas del gobierno de Gustavo Petro.
Poder

UNGRD: con Name y Calle presos, crece el escándalo de corrupción que permea al Gobierno y salpica sus reformas

Con los expresidentes de Senado y Cámara, considerados por la Corte Suprema como un peligro para la sociedad, ya son nueve los detenidos por el presunto desvío de 228.000 millones de pesos en recursos en la UNGRD. CAMBIO le cuenta cómo avanzan las pesquisas judiciales por este caso que compromete al menos a diez alfiles del Gobierno y al mismo número de congresistas.

Por: Ana María Cuesta

A sus 67 años, el barranquillero Iván Name Vásquez pasó de alcanzar la cumbre en su carrera como legislador, en la que logró en 2023 la presidencia del Senado, a tocar fondo en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá, tras ser señalado como uno de los presuntos integrantes del esquema de corrupción que utilizó dineros para la atención de emergencias y desastres como una bolsa particular de ‘mermelada’.

Lo mismo le ocurrió a su compañero en la presidencia de la Cámara de Representantes, el cordobés de 33 años Andrés David Calle Aguas, quien también salió del Capitolio a pernoctar en la prisión más grande del país. Desde el 7 de mayo cesaron los privilegios que el Estado les brindaba a ambos, pues esa tarde se convirtieron en los primeros congresistas presos, por orden de la Corte Suprema de Justicia, que los investiga por su supuesto rol en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Una acción inédita, teniendo en cuenta que nunca antes se había ordenado la detención simultánea de los directivos del Congreso de un mismo periodo.

Ambos son considerados por la Sala de Instrucción de la Corte como un “peligro para la comunidad”, porque a pesar de su influyente posición social y política en la Alianza Verde y el partido Liberal, presuntamente recibieron 4.000 millones de pesos en sobornos para concretar su apoyo a los proyectos de reformas pensional y de salud, que impulsó el gobierno del presidente Gustavo Petro a finales de 2023.

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