El mensaje que dejó Miguel Uribe rechazando el 'decretazo' de la consulta popular antes del atentado en su contra

Una hora después de que el presidente Petro anunciara la firma del decreto de consulta popular 1.0, el equipo de trabajo del senador Miguel Uribe publicó un video a través de sus redes sociales en el que el precandidato reiteraba su rechazo al decreto del mecanismo de participación ciudadana y anunciaba medidas legales para impedir su implementación.

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La grabación difundida en las cuentas oficiales del congresista del Centro Democrático fue realizada antes de su participación en el evento político en el que se registró el atentado en su contra el pasado 7 de junio. De hecho, en el video publicado tras el 'decretazo', el candidato tenía las mismas prendas que usó para participar en el mitin político en Fontibón.

“Se trata de un acto abiertamente ilegal. Es por eso que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución. Presentaremos denuncia penal por prevaricato en contra del presidente en la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes”, explicó Uribe en su video.

El senador de oposición reiteró en la grabación que el mecanismo promovido por el Gobierno de Petro incumple los requisitos constitucionales establecidos para consultar al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional. En ese sentido, anunció que también presentaría acciones legales en contra de los 19 ministros que firmaron el decreto oficial.

El precandidato presidencial, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, enfatizó en el video grabado antes del ataque en su contra en que la convocatoria a las urnas desconocía la decisión adoptada por el Senado, por lo que calificó el decreto como un “autogolpe de Estado” que generaría múltiples riesgos para la democracia.

Las principales reacciones tras el 'decretazo' de la consulta popular

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid rechazó la convocatoria de la consulta popular vía decreto tras considerar que la medida desconoce la autonomía del Congreso y afecta la separación de poderes. Además, advirtió que el Gobierno estaría utilizando el mecanismo para impedir el debate democrático de sus reformas.

La bancada independiente de la Cámara rechaza el decretazo inconstitucional del presidente Gustavo Petro convocando a una consulta popular. Llamamos al Senado a no dejarse provocar y a sacar adelante la Reforma Laboral. Hoy nuestro deber es cuidar la democracia y el papel de las… pic.twitter.com/TzDeoETbuV

— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) June 11, 2025

La bancada independiente de la Cámara, integrada por congresistas como Jennifer Pedraza y Katherin Miranda, indicó a su vez que espera que las altas cortes tumben el decreto promovido por el Gobierno de Petro. En ese sentido, pidieron al Senado de la República que continúe el debate de la reforma laboral de forma oportuna y autónoma.

El senador Ariel Ávila, por su parte, reveló que el anuncio del 'decretazo' rompió la mesa de concertación adelantada en el Senado para avanzar en el trámite de la reforma laboral. Por eso, le pidió al presidente Petro que considera que la decisión de su Gobierno podría poner en riesgo la iniciativa sobre la que –según él– hay un acuerdo en el 90 por ciento del articulado.

La senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano rechazó la iniciativa por considerarla como una presión indebida al debate democrático en el Legislativo. “Golpe nada blando. Burdo chante además”, afirmó la congresista tras la firma del decreto de la consulta remitido a la Corte Constitucional.

Por su parte, la senadora María José Pizarro enfatizó en que la consulta busca que los ciudadanos participen en el mecanismo en el que se presentan 12 preguntas sobre sus derechos laborales. En ese sentido, reiteró que serán las altas cortes las que definen la validez jurídica y alcance del decreto.

La justificación presentada por el Gobierno nacional para convocar por decreto la consulta popular

El presidente Petro firmó el decreto de la consulta popular en su despacho, pero solo lo hizo público luego de aterrizar en Cali. Críticas de miembros de la oposición, cuestionamientos de constitucionalistas y la radicación de las primeras tutelas en contra de la iniciativa son apenas la punta del iceberg de la controversia desatada en el escenario político y jurídico.

En el decreto firmado por todos los ministros del gabinete, el Gobierno nacional reiteró que se habrían presentado irregularidades en la votación en la que la plenaria del Senado hundió la consulta con 49 votos en contra y 47 votos a favor. Por eso, pidió que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie sobre posibles vicios en el procedimiento del mecanismo.

Entre las motivaciones para justificar la eventual jornada electoral de la consulta popular, el Gobierno insistió en que la mesa directiva del Senado no realizó la lectura de la proposición. Según el Gobierno, el incumplimiento de ese requisito habría afectado las garantías del proceso e impedido que varios senadores participaran en la votación del proyecto de convocatoria.

“El Senado adoptó su decisión mediante un procedimiento que infringió valores, principios y reglas que emanan directamente de la Constitución. Es una determinación muy grave que, rodeada de irregularidades sustantivas del proceso parlamentario, pretende impedir el pronunciamiento de la ciudadanía sobre un asunto de interés nacional”, se lee en el decreto.

Por otra parte, el Gobierno enfatizó en su señalamiento sobre el presunto cierre arbitrario de la votación realizada en el Senado el pasado 14 de mayo. Reiteró una supuesta alteración de votos –que ha sido rechazada en múltiples oportunidades por los miembros de la mesa directiva de esa corporación– y argumentó falta de garantías para el trámite de la apelación presentada en el cierre de la sesión.